Planas y su equipo tienen que aclararse de una vez por todas sobre lo que va a suceder este año con los ecorregímenes y las penalizaciones y dejar de hacer electoralismo barato. La aplicación de este instrumento de la nueva PAC ya es suficientemente compleja de por sí como para añadir más confusión, algo que ha sucedido durante los dos semanas que han pasado desde que se aprobó un Real Decreto por el que se regula este asunto.
Para explicar ese texto, los servicios de propaganda del Ministerio sacaron una nota oficial en la que se dice que «se contempla un periodo transitorio en la aplicación de las penalizaciones en los nuevos ecorregímenes a favor del clima y del medio ambiente, de forma que, en el año 2023, al ser el primero del desarrollo de esta medida, no se aplicarán penalizaciones, y para el año 2024 se reducirán a la mitad». Días después, Maria José Hernández, la presidenta del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) abundaba en esta misma línea en un entrevista y decía que «este año no se penalizará en la PAC por incumplimiento en la normativa sobre los ecorregímenes».
Toca explicar de forma muy clarita qué hay detrás de este anuncio. Y hacerlo con ejemplos simples para cada una de las líneas de esos instrumentos, a los que se destina el 23 por ciento del presupuesto del sobre de ayudas de la PAC de España, o sea un porrón de dinero, que supera con creces la cifra de 1.000 millones de euros. Ni siquiera los más expertos en la PAC saben interpretar en qué consiste y cómo se aplicará eso de que no habrá penalizaciones. Estamos en año de muchos comicios y esta medida desprende un cierto tufo electoral.
Algunos agricultores y ganaderos piensan que si no va a haber penalizaciones «para qué cumplir» con la normativa. Y eso puede provocar sorpresas cuando llegue la hora de cobrar y se compruebe que quizás no sea así. Los que tramitan las ayudas también necesitan que se aclare este punto para asesorar a los beneficiarios. Urge aclarar las cosas y acabar con la ceremonia de la confusión reinante.
