ago 29, 2017
Madrid está demostrando que es posible llevar a cabo las imprescindibles políticas públicas que hemos aprobado en nuestro Plan de Gobierno para mejorar la ciudad y, al mismo tiempo, generar elevados superávit y reducir deuda para finalizar la legislatura en 2.729 millones de euros (un 52% menos que la que nos encontramos). Pero no era de esperar que el Ministerio de Hacienda, que no es capaz de cumplir la estabilidad presupuestaria a nivel estatal, premiara la buena gestión y exigió al Ayuntamiento de Madrid que realizáramos acuerdos de no disponibilidad por importe de 238 millones de euros (es decir, inmovilizar del presupuesto esa cantidad para no ser utilizada). Es la primera vez que el gobierno estatal ha recurrido a una medida de tal envergadura frente a una corporación local, lo que contrasta con que el Ayuntamiento de Madrid sea precisamente una administración perfectamente saneada que presenta holgados superávits y que reduce deuda, mientras que la administración central o la propia Comunidad de Madrid tienen un elevado déficit público y una deuda pública creciente. Es el mundo al revés: la administración incumplidora sanciona a la administración que gestiona con eficacia.
Emprendimos una estrategia que pasaba por cumplir las indicaciones del Ministerio pero sin poner en riesgo ni una sola de las políticas públicas previstas. El Ministerio de Hacienda exigía inmovilizar del presupuesto 238 millones de euros y lo hicimos. Adoptamos los correspondientes acuerdos plenarios y retuvimos esa enorme cantidad de dinero. El siguiente paso fue poner en marcha mecanismos legales para incrementar el presupuesto en 303 millones a través de suplementos de crédito. Utilizamos el mecanismo legal existente que permite incorporar el superávit presupuestario del ejercicio anterior a la financiación de inversiones financieramente sostenibles de acuerdo con los requisitos legales establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Nos pedían que recortáramos 238 millones de euros y demostramos que, respetando el marco legal injusto, los recuperábamos con creces, tal y como se aprobó en los Plenos de junio y julio. De todo ello informamos puntualmente.
La novedad es que la Delegación del Gobierno ha requerido a Madrid que anule esos acuerdos plenarios y legales. Eso supondría la no realización de 577 actuaciones, más del 50% de han sido finalizadas). Por eso esta semana remitimos respuesta de Delegación rechazando el requerimiento. Lo que nos piden es más que cuestionable en el marco de la legalidad, pero además sería una irresponsabilidad política bloquear necesidades tan evidentes como la compra de 268 autobuses, mejoras en vías públicas, colegios públicos y parques o inversiones en los cementerios, centros culturales y centros de mayores.
