Podemos aprieta el acelerador para dejar sin financiación a la educación concertada. Pero el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene claro que no permitirá el ataque a estas escuelas. El socio de Gobierno de Sánchez pretende forzar un vaciado de fondos de estos colegios y lo quiere hacer prohibiendo las aportaciones de los padres a las cuentas de los centros educativos, como publicó Libertad Digital. Isabel Díaz Ayuso exhibirá su competencia autonómica para evitar el jaque de los comunistas.
Podemos no quiere acabar la legislatura sin asestar un golpe definitivo a la libertad educativa y a las escuelas concertadas. Pretende acabar con la legalidad de las denominadas «cuotas». Se refiere a las aportaciones voluntarias de los padres a los colegios concertados. Y los morados quieren que esa partida financiera no llegue a los centros educativos para dejarlos sin recursos de cara a los próximos cursos.
Podemos ha presentado ya su exigencia en el Congreso de los Diputados y quiere forzar al PSOE a tener que decantarse en público sobre el respaldo o no a la educación concertada. Según Podemos, «las cifras desvelan la magnitud del problema que hay en España con la segregación escolar«, que el actual esquema de libertad educativa pone en peligro «un futuro en igualdad de oportunidades en un sistema en el que la educación debe ser un elemento cohesionador, un bien común y una herramienta de construcción social. La escuela pública y de calidad».
El partido de Ione Belarra e Irene Montero afirma que «el alumnado de familia con un indicador socioeconómico y cultural bajo tiene hasta seis veces más riesgo de obtener un rendimiento educativo bajo». Y asegura que «se trata de una problemática grave, arrastrada o bien por falta de contundencia en el abordaje de las soluciones o bien por la absoluta ausencia de políticas que impliquen la mejora del sistema educativo».
Y, a partir de ahí, Podemos declara abiertamente la guerra al sistema de financiación de este tipo de colegios: «Cabe recordar que la finalidad de la concertación de centros en España era convertirse en una herramienta para garantizar la escolarización obligatoria allá donde no llegase la escuela pública. Entendida la educación como un derecho colectivo de construcción social, la concertación servía de manera transitoria mientras se iba fortaleciendo y construyendo la escuela pública».
Este modelo «temporal se ha ido pervirtiendo y se ha convertido en un sistema de escuela pública, privada y concertada inamovible, usando el pretexto tergiversado de la libertad de elección del centro educativo», afirma la formación comunista. Y sentencia: «Las cuotas de las escuelas concertadas rompen con el derecho a la educación, que es obligatoria y gratuita, y que queda reflejado en el artículo 51 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, que establece que ‘el régimen de conciertos que se establece en el presente Título implica, por parte de los titulares de los centros, la obligación de impartir gratuitamente las enseñanzas objeto de los mismos’. No cumplir con ello implica un factor de desigualdad, así como una ilegalidad».
Díaz Ayuso no permitirá ese ataque en la Comunidad de Madrid. Hay que recordar que la reforma educativa general del Gobierno de socialistas y comunistas ya se ha encontrado con el freno de Madrid. Y Díaz Ayuso pretende hacer lo mismo para evitar ese ataque a la educación concertada. La competencia educativa es autonómica y la presidenta madrileña y líder del PP en la Comunidad prepara ya una defensa en base a esa competencia constitucional para evitar que el retoque de la norma a escala nacional pueda provocar el fin de la escuela concertada en Madrid.
