Tres asociaciones médicas profesionales han respaldado una propuesta para despojar a los médicos que se manifiesten en contra de las nuevas inoculaciones de COVID-19 de su capacidad para ejercer la medicina.
El jueves 9 de septiembre, la Junta Americana de Pediatría, la Junta Americana de Medicina Familiar y la Junta Americana de Medicina Interna publicaron una declaración conjunta en la que apoyan la decisión del 29 de julio de la Federación de Juntas Médicas Estatales (FSMB) de que todas las juntas deberían revocar o suspender la licencia y la certificación de los médicos que cuestionen la seguridad de las inyecciones experimentales de COVID-19.
La Federación de Juntas Médicas Estatales (FSMB), una organización nacional que representa a todas las juntas médicas estadounidenses que otorgan licencias y disciplinan a los médicos, incluidas la ABFM, la ABIM y la ABP, dio a conocer su posición, ahora respaldada, en una declaración publicada el 29 de julio.
“Los médicos que generan y difunden información errónea o desinformación sobre la vacuna COVID-19 se arriesgan a recibir medidas disciplinarias por parte de las juntas médicas estatales, incluida la suspensión o revocación de su licencia médica”, reza el comunicado de la FSMB.
Según la FSMB, las nuevas directivas disciplinarias son necesarias debido al “dramático aumento” de médicos que difunden “información errónea sobre la vacuna COVID-19”
“La ciencia impulsada por el consenso”, como se menciona en la declaración, está en desacuerdo con el método científico, que fomenta el debate y las pruebas discrepantes como forma de descubrir la verdad científica objetiva.
Según la Universidad de Purdue, “el método científico exige descartar o modificar una hipótesis si sus predicciones son claras y repetidamente incompatibles con las pruebas experimentales”
“El error más fundamental es confundir la hipótesis con la explicación de un fenómeno sin realizar pruebas experimentales y seguir todos los pasos indicados anteriormente. Otro es ignorar o descartar los datos que no apoyan la hipótesis”, continúa Purdue.
La Junta Americana de Pediatría cuenta actualmente con 71.000 miembros certificados. La Junta Americana de Medicina Familiar tiene 97.000 miembros, y la Junta Americana de Medicina Interna tiene 289.000 miembros.
Como cofirmantes de la declaración de la FSMB, han declarado a cientos de miles de médicos estadounidenses que corren el riesgo de que se les suspenda o revoque la licencia, y de que se anule su certificación de la junta, si advierten a sus pacientes de los riesgos potenciales de recibir la inyección, o si presentan cualquier prueba que vaya en contra del supuesto “consenso”.
En efecto, si estos médicos quieren defender el método científico, que anima a desafiar el statu quo, se arriesgan a una sanción disciplinaria grave y que puede acabar con su carrera.
Las vacunas, que no finalizarán los ensayos clínicos hasta 2023, se han vinculado a un sinfín de afecciones, que incluyen, entre otras, miocarditis y pericarditis, coágulos de sangre, síndrome de fuga capilar, ciclos menstruales irregulares en las mujeres, problemas de fertilidad, anafilaxia, afecciones autoinmunes, parálisis, cáncer y muerte.
Lo más preocupante es la Junta Americana de Pediatría, cuyos médicos supervisan la salud de millones de niños estadounidenses, y que ahora han prohibido a sus médicos advertir a los padres de que estas inyecciones experimentales y científicamente innecesarias, pueden suponer un grave riesgo para la salud y seguridad de sus hijos.
“El beneficio de la vacuna para los niños es nulo”, dijo el doctor Paul Elias Alexander, antiguo asesor principal de la política de pandemia de COVID en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos.
“Si los niños se infectan con el virus, suelen ser asintomáticos y la enfermedad es muy leve y no tiene consecuencias”, continuó.
“Sin embargo, el daño potencial de las vacunas es grave. No hay más que ver los casos de miocarditis y pericarditis que han surgido en nuestros adolescentes, especialmente en los varones, debido a las vacunas”
Las declaraciones de Alexander están respaldadas por los datos de la Academia Americana de Pediatría, que ha declarado que el riesgo de muerte de los niños por la COVID-19 es del 0,00 al 0,003 por ciento. A modo de comparación, eso está en el mismo rango de referencia que morir por el ataque de un perro, una tormenta catastrófica o la caída de un rayo.
Además, la miocarditis y la pericarditis, afecciones inflamatorias del corazón potencialmente mortales que la FDA admite como posibles efectos adversos del jab, se producen a una tasa 32 veces superior a la esperada en los chicos de 12 a 17 años, y 27 veces superior a la esperada en los jóvenes de 18 a 24 años.
Las inyecciones, que se crearon con la ayuda de líneas celulares derivadas de un bebé abortado, se han relacionado con una estimación conservadora de 5.000 muertes sólo en Estados Unidos, así como con 21.000 muertes en la Unión Europea.
“Se ha ignorado el consentimiento informado y no se ha tenido en cuenta la necesidad médica. Por lo tanto, se sigue obligando a personas jóvenes y sanas y a aquellas que ya tienen anticuerpos a someterse a una intervención médica experimental que no necesitan”, afirmó el Dr. Vladmir Zelenko, un médico que ha sido nominado para el Premio Nobel de la Paz en relación con su trabajo en el tratamiento del COVID-19.
“Estos [coaccionadores de vacunas] son criminales de primer orden y deben ser llevados ante la justicia por crímenes contra la humanidad”
