La Junta de Castilla y León ha inadmitido el requerimiento de incompetencia enviado por el Gobierno tras la polémica sobre el protoco de embarazadas.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha adoptado este acuerdo, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido que han sido los Servicios Jurídicos del Ejecutivo autonómico los que han informado a favor de esta decisión, ante la «inexistencia del objeto sobre el que versa el requerimiento», al entender que no hay modificación alguna del protocolo que afecta a la Ley del Aborto.
El Gobierno ha respondido, por su parte, a la Junta que un requerimiento no se inadmite, se contesta. Fuentes del Gobierno señalan que la Junta se escuda en que no hay una normativa aprobada pero la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) prevé la actuación jurídica conocida como la vía de hecho, que permite requerir el cese de un anuncio normativo si vulnera la ley o las competencias.
El Gobierno castellanoleonés ha tomado esta decisión durante una reunión, la primera desde que haya quedado constancia de la falta de sintonía entre el presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, ha corregido al vicepresidente, Juan García-Gallardo, quienes han mantenido posturas dispares sobre la cuestión durante lo súltimos días.
El pasado lunes, el vicepresidente afirmó en una entrevista que no hablaba con Mañueco desde la reunión del gobierno regional el jueves anterior, cuando ya habían transcurrido varios días de confusión.
García-Gallardo (Vox) respondía anoche a preguntas de los periodistas sobre si corre peligro el pacto de gobierno con el PP en esta Comunidad declarando que su partido no va a «frustrar la alternativa a la izquierda en España».
El Ejecutivo, por su parte, trasladó su intención esta semana de no permitir «que se retroceda ni un milímetro» en los derechos de las mujeres y se prepara para impulsar «cuantas iniciativas sean necesarias» para impedir la «tropelía» de las medidas antiabortistas.
Así lo manifestó la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la cual el Gabinete aprobó un requerimiento de incompetencia dirigido al Gobierno de la Junta, como paso previo a un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.
