El Consejo de Ministros elegirá esta mañana al exministro de Justicia y magistrado Juan Carlos Campo y a la catedrática de la Universidad de Barcelona Laura Díez Bueso como magistrados del Tribunal Constitucional por designación directa del Gobierno.
Campo, juez de carrera -destinado actualmente en la Audiencia Nacional- y titular de Justicia entre enero de 2020 y julio de 2021, fue ya candidato al TC por el Senado en 2010. Díez fue hasta el pasado abril colaboradora del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, como directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica.
Fue Bolaños el que comunicó de madrugada a Campo que será propuesto para el TC. «El presidente quiere que seas tú», le dijo en referencia Pedro Sánchez, que cesó al magistrado como ministro de Justicia un mes después de que le diera la fórmula jurídica para indultar a los condenados por el proceso separatista catalán.
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El Gobierno ha decidido tirar para adelante con la renovación del Tribunal Constitucional después casi tres meses esperando a que el Consejo General del Poder Judicial nombre a los dos miembros del TC que le corresponden.
Sánchez, que en marzo de 2021 cambió la ley para impedir que el CGPJ realice nombramientos discrecionales como (inútil) medio para forzar al PP a renovar el órgano de gobierno de los jueces, volvió a modificar su propia reforma el pasado junio para que el Consejo sí pueda designar a los dos magistrados del TC que debe designar.
Además, le impuso hacerlo antes del pasado 13 de septiembre, un plazo que el CGPJ, con mayoría de vocales propuestos por el PP, no ha cumplido, molesto con el trato institucional que el Gobierno de Sánchez está dando al órgano de gobierno de los jueces y al Tribunal Supremo. El alto tribunal acumula cada vez un mayor número de vacantes que el Consejo no puede cubrir, por lo que su funcionamiento se está viendo afectado.
Los vocales propuestos por el PP en el CGPJ no quieren poner en bandeja al Gobierno de Pedro Sánchez una renovación que transformará la actual mayoría conservadora del TC en una mayoría progresista.
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El presidente del Gobierno tiene clavados los sucesivos fallos en los que el tribunal de garantías tumbó por inconstitucional el andamiaje jurídico de los estados de alarma construido para la pandemia de la Covid-19.
En el TC están pendientes, además, relevantes iniciativas del Ejecutivo de coalición, como la ley Celaá, la ley de eutanasia o la ley que cercenó las competencias del CGPJ.
El plácet
El Gobierno, sin embargo, tendrá que esperar a que el actual pleno del Tribunal Constitucional dé el plácet a los candidatos.
La Ley Orgánica del TC encomienda al pleno «verificar los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional, para juzgar si los mismos reúnen los requisitos requeridos por la Constitución».
Sin esa verificación, los nombramientos de los nuevos miembros del Constitucional no pueden ir al BOE.
El TC se encuentra dividido sobre dar o no el plácet.
Hay magistrados (propuestos por el PP) que consideran que el primero de los requisitos requerido por la Constitución es que la renovación sea conforme al artículo 159.3, que establece que el TC «se renueva por terceras partes» es decir, cuatro magistrados y no dos.
Otros magistrados del TC (propuestos por PSOE y Podemos) estiman que el CGPJ está incumpliendo su deber de nombrar y recuerdan que la renovación debió hacerse antes del pasado 12 de junio, por lo que no hay que esperar más.
En esa fecha terminó el mandato de los actuales presidentes y vicepresidente del TC, Pedro González-Trevijano y Juan Antonio Xiol, y de los magistrados Santiago Martínez-Vares y Antonio Narváez.
Este último y Trevijano fueron elegidos por el Gobierno de Mariano Rajoy, por lo que, si el TC diera el plácet a sus sucesores sin esperar al CGPJ, se abriría una nueva incógnita: si el Constitucional puede elegir a un nuevo presidente o sería Xiol el que tendría que asumir la presidencia en funciones. Es decir, otro órgano más con un presidente interino, como ya lo están el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial.
La primera reacción política ha sido del PP, en voz de su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, quien cree que lo conocido este martes no hace sino dar más razón al presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, en sus motivos para descartar un acuerdo sobre el CGPJ. «Ahora entendemos por qué Sánchez no quería el acuerdo. Habría limitado este tipo de nombramientos», ha dicho Bravo.
