Teme que las polémicas medidas de ‘apagón’ queden deslegitimadas en el Congreso, hasta que el Constitucional se pronuncie sobre ellas.
El Gobierno se enfrenta a una nueva negociación in extremis en el Congreso de los Diputados para sumar apoyos en la convalidación del decreto ley sobre las medidas de ahorro energético que contemplan polémicos apagones nocturnos y la regulación de los aparatos de aire acondicionado.
La medida está inscrita dentro de una situación de emergencia y necesidad, con Europa sumida en una crisis energética por su dependencia del gas importando de Rusia. Ahora bien, el texto aprobado en Consejo de Ministros se entromete en el ámbito privado y puede entrar en conflicto con los derechos y libertades individuales.
La Comunidad de Madrid ya ha anunciado que recurrirá la norma ante el Tribunal Constitucional porque la considera, de hecho, inconstitucional.
Con varias comunidades autónomas de distinto signo político asegurando en público que cumplirán el decreto “a regañadientes”, el Gobierno corre así el riesgo de que su nueva ley tenga el mismo destino que el decreto sobre el estado de alarma y el confinamiento, deslegitimado a posteriori por el propio Tribunal Constitucional.
Así, con este planteamiento, resulta fundamental la validación del decreto ley en el Congreso, donde al Gobierno le bailan bastantes apoyos. El pleno extraordinario sobre el asunto está convocado para el próximo 22 de agosto, lo que obliga a maniobrar con rapidez.
Tanto el PNV como ERC han mostrado varias reticencias al decreto y han acusado al Gobierno de improvisar e imponer unas duras medidas sin consenso y sin diálogo. Sin estos apoyos, Pedro Sánchez no tendrá garantizada ni siquiera la mayoría simple.
Es por ello que el Gobierno se ve obligado a negociar con discreción entre los grupos parlamentarios, tras el fiasco de la reunión convocada por la ministra de Transición Energética, Teresa Rivera.
Durante esa reunión, comenzaron a evidenciarse las discrepancias autonómicas. Si bien las comunidades del PP eran las más clara en cuanto a su discrepancia con el decreto, también el Gobierno Vasco, liderado por el PNV, y la Generalidad de Cataluña, bajo el control de ERC, mostraron serios desacuerdos.
”No ha habido ninguna comunidad que haya dicho que no va a cumplir», ha aclarado la ministra, que ha admitido que sí que ha habido «algunos comentarios» que alegaban que las medidas sólo eran exigibles a la Administración Pública y no a los actores privados.
Lo cierto es que el asunto ya estaba caliente tras la declaración de la consejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, que califició de «efectistas» las medidas para el ahorro energético aprobadas este lunes por el Gobierno de Pedro Sánchez y afirmaba que el País Vasco tiene su propio plan, que es el que aplicará.
“La Ertzaintza no se va a dedicar a controlar termómetros”, aseguraba la consejera vasca.
Fue tal la repercusión de estas declaraciones que al día siguiente tuvo que salir a la palestra el lehendakari Íñigo Urkullu para aclarar que el País Vasco sí aplicaría las medidas tras amenazar Patxi López con el cierre de empresas vascas.
López se preguntó si la consejera Tapia «prefiere no hacer nada y que se acaben cerrando empresas vascas”.
Queda también por conocer la postura de Bildu, aunque antiguos dirigentes abertzales ya han manifestado la necesidad de “reducir el consumo energético”, dentro de un discurso de tintes ecologistas que comparten Más País y Compromís, más que posibles síes al decreto ley de Sánchez.
En frente de estas formaciones, los tres principales partidos de la oposición de derecha y centro derecha nacional ya han manifestado su clara y rotunda oposición al decreto, lo que imposibilita en este caso la llamada “geometría variable”, una expresión que se viene usando para los apoyos puntuales que el Gobierno trata de pescar en la derecha, cuando no tiene garantizados los votos de sus socios.
Una negociación, en definitiva, a contrarreloj y agosteña, de cuyo éxito depende la legitimidad de un polémico decreto ley que bajo el marchamo del ahorro energético y la solidaridad con el resto de Europa, introduce limitaciones a las libertades individuales y de empresa y cuyo destino último se decidirá en los tribunales.
