«El Banco de España ha puesto recientemente el énfasis de su análisis en la desigualdad, tanto en términos generales como en relación con aspectos específicos, como, por ejemplo, el impacto heterogéneo sobre los hogares de la inflación, el incremento de su vulnerabilidad financiera ante las subidas en los tipos de interés, la exclusión financiera de determinados colectivos, la exposición asimétrica a la transición ecológica o el análisis del fenómeno de la despoblación de determinados territorios y las persistentes diferencias de renta per cápita entre regiones. Mitigar los efectos adversos que implican las distintas vulnerabilidades sociales identificadas requiere el despliegue de actuaciones públicas en dimensiones muy diversas. Por ejemplo, en los ámbitos de la regulación —entre otros, del mercado laboral y del mercado de la vivienda—, del sistema tributario, de la provisión de servicios públicos —como la educación y la sanidad—, y de las políticas de rentas y transferencias. La mejora de la productividad y de la tasa de empleo son, de hecho, elementos fundamentales de una estrategia que persiga una reducción sostenible de la desigualdad. Y estas actuaciones deben ser objeto de una evaluación rigurosa en términos tanto de equidad como de eficiencia».
Es sólo un extracto del Informe Anual de 2022 publicado hace pocos días por el banco central. El riguroso análisis firmado por Pablo Hernández de Cos se aleja del triunfalismo que sobre materia económica viene exhibiendo el Gobierno desde hace meses y más intensamente en esta campaña electoral. Frente a los martes electorales, en los que Pedro Sánchez anuncia una nueva medida de gasto dirigida a los jóvenes o los mayores, y las reformas populistas como la de pensiones o de vivienda, de inevitable carácter coyuntural por su difícil sostenibilidad en el primer caso y por sus potenciales efectos negativos en la oferta en el segundo, el gobernador representa el rigor y el verdadero progresismo.
La pérdida de poder adquisitivo de las clases medias, la desigualdad de oportunidades, la ausencia de medidas antiinflacionistas focalizadas sólo en los más vulnerables, la brecha intergeneracional, los efectos del crecimiento de la deuda en el crecimiento potencial de la economía, la falta de un pacto de rentas para distribuir el coste de la subida de los precios entre trabajadores y empresarios, la pérdida de convergencia con nuestros socios europeos en casi todo (renta, empleo, productividad…). Son los grandes desafíos de la economía española que identifica el banco emisor, pero que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue sin atender por mucho que presuma de buenos datos macroeconómicos. ¿Es todo un gran bluf?
«El PIB español sigue siendo el más rezagado dentro de la eurozona con respecto a los niveles prepandemia»
¿Gran bluf? Pero si el propio Banco de España dice que tendrá que revisar al alza el 1,6% de crecimiento que había previsto para este año. ¿Cuánto se acercará al 2,1% estimado por el Ejecutivo? Pero además el PIB aumentó un nada despreciable 5,5% en 2022. Bienvenidos sean estos datos. Pero así y con todo, el PIB español sigue siendo el más rezagado dentro de la eurozona con respecto a los niveles prepandemia. Según los datos de Eurostat, en el último trimestre de 2022, estaba aún un 0,9% por debajo del mismo periodo de 2019. El resto de la Unión Europea, un 2,8% por encima y nuestros socios del euro, un 2,5%. España es, junto a un Reino Unidogolpeado por el Brexit, el país que menos crece. En claro contraste por ejemplo con el dinamismo mostrado por las economías intervenidas en la anterior crisis financiera. Grecia y Portugal acumulan un crecimiento del 6,3% y el 2,6% respectivamente con respecto a los niveles anteriores a la expansión del covid. Por no hablar del 34,2% de Irlanda.
Esta divergencia es aplicable también a la evolución de la renta disponible, el dinero que queda a los hogares tras pagar impuestos. Según los datos más recientes publicados por la OCDE, entre los 20 países más ricos del mundo, España es el que más pérdida de poder adquisitivo ha sufrido. Los ingresos reales per cápita de las familias españolas se situaron un 5,1% por debajo de los niveles de 2019. Un retroceso que contrasta con el 0,8% que aumentaron de media en el conjunto de países que forman la organización.
La disminución de la inflación gracias a la caída de los precios de la energía, la desaparición de los cuellos de botella en las cadenas de suministro mundiales y el despliegue de los fondos Next Generation pueden explicar el mayor dinamismo de la actividad económica en los últimos meses. No obstante, al igual que el resto de países europeos, las proyecciones de crecimiento están muy ligadas a lo que ocurra en Ucrania. La guerra sigue siendo una fuente de inestabilidad. Y cualquier acontecimiento que tensione los precios puede obligar a un endurecimiento de la política monetaria que frene aún más el crecimiento. La inestabilidad financiera reciente y aún persistente tampoco ayuda.
En ese contexto, España está peor situada que otras economías europeas para hacer frente a un nuevo choque externo de la oferta. Por un lado, la tasa de ahorro se ha desplomado hasta situarse entre las más bajas de la UE. Entre otros motivos porque las familias han usado el colchón acumulado durante el covid para hacer frente al encarecimiento del coste de la vida. Por otro, cada vez es mayor la parte de los recursos públicos destinados al pago del servicio de la deuda y las pensiones. En los Presupuestos Generales de 2023 ambas partidas se elevan ya al 53,40% del gasto total. Un porcentaje que limita de forma preocupante el margen de maniobra de la política fiscal para tomar medidas contra-cíclicas además de restringir los recursos que se destinan a partidas críticas para ampliar el potencial crecimiento del país, como la Educación y la Investigación y el Desarrollo o la Educación.
Pero es que además nada apunta a que la evolución de estos desequilibrios se vaya a corregir. Al menos no con el actual Gobierno. La revalorización anual de todas las pensiones con la inflación media, como recoge la reciente reforma, se financiará con cargo al déficit y con una subida de las cotizaciones sociales a los salarios medios y altos que no parece haber querido tener en cuenta su impacto en el empleo, los salarios y la competitividad. Además, el previsible envejecimiento de la población sólo aumentará su gasto. La deuda pública se situó en marzo de 2023 en 1.535.000 millones, el 113,2 del PIB de España y un 30% más que los 1.173.107 millones en que se situaba en 2018. Pese a este preocupante aumento, el Gobierno anuncia cada semana planes de gasto público valorados en miles de millones de euros para atraer a jóvenes y mayores como si no hubiera un mañana. Quizás los colchones con los que ha contado su Gobierno le han malacostumbrado: entrada extraordinaria de 180.000 millones de euros procedentes de Europa (la mitad a fondo perdido), financiación del déficit a tipos de interés negativos hasta hace pocos meses, el aumento del 15% de los ingresos fiscales por la subida de la inflación, la ausencia de reglas fiscales en la UE…
De nuevo, sólo la intervención de Europa puede revertir esta tendencia. Su visto bueno a la reforma de las pensiones fue decepcionante, pero la reinstauración de la disciplina fiscal entre los socios europeos, suspendida temporalmente para hacer frente a los efectos de la pandemia, tal y como reclaman los socios acreedores contribuyentes netos de los fondos Next Gen, puede servir para poner de nuevo a España en el camino de la convergencia con el resto de sus socios. Revertir las medidas populistas de Sánchez no será fácil. Pero todos los datos indican que es una condición necesaria para evitar el anquilosamiento de España.
