El pasado 16 de enero, la Guardia Civil informaba de la desarticulación de un grupo criminal que captaba a niñas de entre 14 y 16 años para mantener relaciones sexuales con ellas. Lo hacían bajo los efectos de las drogas, en una casa okupada de Gandía. Cuatro magrebíes fueron detenidos en el marco de la operación que arrancó el 23 de junio con la desaparición de dos chicas en La Safor.
Se da la circunstancia de que eran dos menores tuteladas, que se habían fugado de un centro y permanecieron diez días en paradero desconocido. La intervención de la madre de una de ellas, que se hizo pasar por una amiga de las menores, fue clave para la resolución del caso. Ella logró localizar la vivienda y puso la información recabada en conocimiento de los investigadores.
Cuando los agentes encontraron a las niñas -el 2 de julio- «estaban tan drogadas que no sabían ni con cuántas personas habían mantenido relaciones», señalan fuentes cercanas al caso a LD. Según declararon las menores en la fase de investigación, «entraban y salían hombres constantemente por la puerta». A los cuatro varones arrestados, «se les atribuyen delitos de abusos sexuales a menores».
Los hechos han vuelto a poner los centros de la Comunidad valenciana en el punto de mira. «No es un caso aislado», recuerda la popular Elena Bastidas, en declaraciones a este periódico. Su grupo ha puesto en marcha distintas iniciativas para intentar llegar al fondo del asunto y descubrir «si esto puede ser algo generalizado». Como veremos en las siguientes líneas, «llueve sobre mojado».
¿Cuándo lo supo Mas?
El pasado martes, la vicepresidenta autonómica y consejera de Igualdad, Aitana Mas, no asumió ninguna responsabilidad en el caso de las menores tuteladas de La Safor. Se limitó a asegurar que «el protocolo funcionó», que «se activó cuando tocaba» y que las chicas no se escaparon de ningún sitio porque «no estaban encerradas».
Unas declaraciones que recuerdan -mucho- a las que realizaba a su antecesora. «No ha inventado nada, es lo mismo que decía Mónica Oltra«, comenta Bastidas, «es la sustituta a todos los efectos». El PP valenciano va a seguir dando la batalla, nos asegura su portavoz en las Cortes. Para empezar, ha pedido la comparecencia urgente de Mas en el parlamento autonómico.
Por otra parte, la propia Bastidas ha registrado -con fecha 17 de enero- una serie de preguntas parlamentarias que la sucesora de Oltra ha de contestar por escrito. Entre las cuestiones fundamentales, la popular destaca la necesidad de saber «cuándo tuvieron conocimiento de los hechos» y «cómo se activaron los protocolos», tras la desaparición de las dos menores tuteladas que residían en un centro de La Safor.
Su partido reclama que la Consejería explique qué actuaciones se llevaron a cabo -si se llevó alguna- para intentar localizar a las chicas, después de su fuga. Cabe recordar que es la Guardia Civil la que, gracias a la intervención de la madre de una de ellas «por su cuenta y riesgo» -advierten fuentes policiales-, encuentra a las menores el 2 de julio en una casa okupada de Gandía. Es decir, diez días después de que la organización criminal las captara (el 23 de junio).
Contexto del caso
Los tiempos son importantes. Aunque no se ha conocido hasta ahora, los hechos de Gandía ocurrieron poco después de que cayera Mónica Oltra. El 16 de junio fue imputada por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que cometió su ex marido precisamente a una menor tutelada de 14 años. Aunque inicialmente mostró su intención de no dimitir, lo terminó haciendo el 21 de junio. En ese ínterin es cuando se sucedieron las muestras de apoyo y Compromís le hizo la famosa fiesta.
Sin embargo, el coste político de mantener a Oltra en el Gobierno era demasiado alto y Ximo Puig no estaba dispuesto a pagarlo. Mónica se marchó, y Mas llegó. A rey muerto (reina en este caso), rey puesto. Al día siguiente, el 22 de junio, la recién llegada tomaba posesión de sus nuevos cargos. Aún así, fueron unos días en los que «había prácticamente un vacío de poder», nos explica Bastidas.
LLueve sobre mojado
«Se fue Oltra, estaban los 15 imputados… Y la gente de la Consellería estaba mucho más pendiente de lo que le pasaba a Mónica y compañía que de lo que pasaba con los niños», añade. Algo incomprensible teniendo en cuenta el informe del Sindic de Greuges (el defensor del pueblo) que recogía -ya en enero de 2022- la existencia de 175 casos de abusos sexuales a menores de entre 13 y 17 años cuando estaban bajo la tutela de la Comunidad valenciana.
«Nosotros no vamos a dejar el tema», asegura Bastidas, «llueve sobre mojado y nos preocupa». «El verano pasado instamos una investigación al Síndic, ante la sospecha de que lo que ocurría en un centro de menores de Denia pudiera ser extensivo a todos los centros de la Comunidad valenciana«, explica. Lo cierto es que se acumulan los casos relacionados con fugas, drogas, prostitución y abusos sexuales en centros de menores tutelados pero de los que la administración parece no hacerse responsable.
La intervención de Europa
Con todo esto, señala Bastidas a LD, «nos estamos refirmando en que verdaderamente hicimos muy bien en ir a Europa, después de pedir tres veces una comisión de investigación que no solo tenía como objeto depurar responsabilidades políticas, sino también nombrar una comisión de expertos en menores para que nos pudieran dar y mejorar los protocolos de prevención y detección de este tipo de abusos sexuales».
«Por tres veces -en 2020, 2021 y 2022- nos la denegaron. No tuvimos más remedio que irnos a Europa«, sentencia. Según ha explicado la portavoz de los populares en las Cortes valencianas, este mismo miércoles «salió por correo certificado el informe del caso de estas menores (las de la Safor) para el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, para que pase engrosar el expediente que nosotros ya instamos y sobre el que fuimos a declarar en septiembre».
Problemas de gestión
«Falta de gestión», ese es el problema del Gobierno valenciano, y más en concreto de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas. «El tema de los centros de menores es un agujero negro», advierte Bastidas, «no es un caso puntual». «Son los 175 casos que denunció el Síndic, los quince imputados de la Consellería, ahora esto…. Es muy lamentable la imagen que estamos dando en la protección de los menores en el conjunto de España».
Pero es que -además- a todo lo relatado hay que sumar la deuda del Ejecutivo autonómico con estos centros. A final de año rondaba los 11 millones de euros. «No gestionan, no son solo los impagos. Es que llevamos todavía con una serie de contratos bloqueados, que tendrían que volver a licitar… Contratos que no han sacado todavía porque no se aclaraban con los pliegos. Donde lo mires, es desastre».
«Se van de viaje a Islandia para ver cómo funcionan los centros de menores en caso de abusos y se lleva una imputada que es la Directora General de Menores. Es alucinante», exclama Bastidas. La popular -anuncia- pedirá de nuevo explicaciones por el caso de Gandía en la primera sesión de control del año en las Cortes Valencianas (el jueves 26 de enero) y su partido ya se encuentra estudiando otras medidas más contundentes para poner coto a los problemas de gestión de la Consejería de Mas.
