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El PP pide la comparecencia «urgente» de la nueva presidenta de RTVE ante la «colonización» institucional del PSOE

El nombramiento de la nueva presidenta de RTVE, Concepción Cascajosa, ha sido todo un escándalo, que se suma a la larga ristra de polémicas protagonizadas por el Gobierno de Pedro Sánchez a cuenta de su control de las instituciones. El PP acusa al Gobierno de «colonizarlas» y pide la comparecencia «urgente» de Carcajosa en el Congreso para dar explicaciones.

La decisión ha sido anunciada en redes sociales por el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, que acusa a Sánchez de «provocar una crisis institucional en la corporación», por su «ansia de colonizar todas las instituciones y organismos del Estado», reprochándole pretender que RTVE «informe al gusto y conveniencia del Gobierno».

Su elección ha sido posible gracias al acuerdo del PSOE con el PNV, el PCE y Podemos, que han optado por colocar al frente de la entidad pública a una militante socialista para sustituir a Elena Sánchez. Es habitual que los gobiernos sitúen al frente de medios de comunicación públicos a personas cercanas ideológicamente, pero no tanto con afiliación política, para intentar guardar las formas. Algo que no ha ocurrido en este caso.

La afiliación al PSOE parece ser el principal mérito de Carcajosa, que quedó en el puesto número 86 de 95 entre los candidatos del concurso convocado por RTVE en 2018 para ser consejero de la administración. El comité encargado de examinar su proyecto fue muy crítico con el modelo de gestión que planteó, del que dijeron que «no era serio» o que estaba «sin estructurar».

El multimillonario fichaje de Broncano

El detonante del cambio habría sido el fichaje de David Broncano y su multimillonario contrato de 42 millones de euros por tres temporadas, tal y como informó Libertad Digital. Una contratación que, debido al cambio de presidencia, se votará finalmente la próxima semana, dada la polémica despertada en torno a la corporación.

La toma de RTVE por parte de Sánchez se suma a la larga lista de organismos que se someten a su control, desde el CIS a la Fiscalía, el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas, entre otros muchos. Una injerencia que imposibilita la imparcialidad que se presupone a estas instituciones, dominadas por el Gobierno y, por tanto, plegadas a sus deseos.