El partido de Yolanda Díaz acaba de meterse en un charco –otro más– de dimensiones considerables. Pretende desmontar la Justicia Militar bajo la acusación de que no respeta la tutela judicial efectiva. Su esquema propuesto le permitiría al Gobierno aumentar el control sobre esta jurisdicción. Y sobre los procesos de los militares.
Sumar quiere, como parte del Gobierno, que «en el plazo de un año se remita al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley Orgánica que proceda a la configuración de la jurisdicción militar como una jurisdicción integrada por órganos especializados, donde se materialice el derecho fundamental a la obtención de tutela judicial efectiva, en relación con los delitos militares y las resoluciones dictadas en uso de la potestad disciplinaria». Se trata de un profunda reforma basada en una grave acusación carente de pruebas: la falta de tutela judicial efectiva. Los deseos de Yolanda Díaz esconden más acusaciones. Afirma que la reforma debe llevar a esta Justicia a estar «servida por jueces y magistrados de carrera, que se rija por las leyes procesales que regulan los procesos penales y contencioso-administrativos», en lo que implica una descalificación global del nivel de la Justicia militar.
Sumar ha exigido a Pedro Sánchez, además y por medio de una proposición formal y por escrito, que «se inste al Observatorio de la Vida Militar para que en el plazo de seis meses más breve posible realice, tras un periodo de escucha de los colectivos afectados (agentes, instituciones y los propios órganos jurisdiccionales, Ministerio Fiscal y letrados entre otras) y de reflexión colectiva, un estudio específico sobre la situación de la jurisdicción militar en España en relación con el estado de otros ámbitos jurisdiccionales y su configuración en los países de nuestro entorno, con propuestas y recomendaciones para su modernización y la plena eficacia y homologación con las reformas producidas en los demás órdenes jurisdiccionales». Es decir, que Sumar quiere una reforma plena de la Justicia militar y de sus bases.
La argumentación del partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz es un cúmulo de acusaciones: «Los lamentables hechos acontecidos en la Base Militar de Cerro Muriano han puesto de actualidad la situación de la jurisdicción militar y han permitido que la opinión pública tome conciencia de que su funcionamiento está basado en leyes que fueron promulgadas en los primeros años de la etapa constitucional». Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar o la Ley 44/1998, de 15 de diciembre, de Planta y Organización Territorial de la Jurisdicción Militar, afirma Sumar, «la sociedad española ha sido protagonista de grandes avances que han focalizado que uno de los derechos fundamentales más relevantes en una democracia avanzada en el referido a la obtención de tutela judicial efectiva». Y, según Sumar, en la vida militar no se cumple.
«Diversos expertos han puesto de manifiesto la situación en la que se encuentra la jurisdicción militar que ha dado lugar a que organismos internacionales, Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hayan señalado la situación que se produce en España, que impide la existencia de doble instancia en el ámbito judicial penal militar y contencioso-disciplinario«, apunta. Y añade que, «a todo esto, se añade que el diseño de la jurisdicción militar no ha resuelto la desafección hacía la misma de sus destinatarios —militares y guardias civiles— que han puesto en cuestión la percepción que los justiciables tiene de que los órganos judiciales, unipersonales y colegiados, en cuanto a su independencia del mando militar».
Todo un largo listado de descalificaciones para pedir la reforma de la Justicia militar e incrementar el control.
