La semana pasada, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, anunció un nuevo acuerdo del Gobierno con ERC que da la razón a la Generalidad en prácticamente todo lo que se refiere al catalán. No sólo se respalda la exclusión del español en las aulas, a pesar de las sentencias judiciales que exigen impartir al menos un 25% de clases en español, sino que se acepta promover el catalán a nivel internacional, equiparándolo con la lengua oficial de todos los españoles.
Entre los puntos firmados, el Gobierno de Sánchez se compromete a promover el uso del catalán en la UE o la UNESCO, de forma que los eurodiputados puedan dirigirse al Pleno del Parlamento europeo en este idioma. Se trata de una medida que ni siquiera es competencia de España puesto que requiere de una reforma de los Tratados de la UE, en su punto 55.1, que debería ser ratificada también por el resto de países miembros.
Este punto recoge que las lenguas oficiales utilizadas por la UE son 24, número inferior al total de Estados miembros ya que algunos comparten mismo idioma. A pesar de ser prácticamente imposible poder cumplir la promesa, eurodiputados de PP, Cs y Vox consultados por Libertad Digital, catalanes, alertan sobre las implicaciones políticas que tiene su sola aceptación por parte de Sánchez.
«Asumir el relato independentista»
En declaraciones a este periódico, Dolors Montserrat habla de una nueva «cesión» del Gobierno a los separatistas en una mesa que califica de «cesiones a la carta al gusto de los independentistas» para poder «resistir unos meses más en el poder«.
La eurodiputada del PP recuerda que todos los ciudadanos que lo deseen pueden dirigirse a las instituciones europeas en cualquiera de las lenguas cooficiales y serán respondidos en el mismo idioma, por lo que asumir la exigencia de ERC supone «enterrar el castellano» y utilizar las lenguas como «arma política de división», cuando lo que debería haber hecho es defender el castellano en España y en Bruselas.
Desde Cs, Jordi Cañas alerta de que la nueva «cesión» supone «aceptar que los catalanes están discriminados» en un acuerdo que «no mejora en nada la vida de los catalanes, solo de los separatistas». «Lanza además el mensaje de que los catalanes no tienen el español como lengua materna» y se están viendo «forzados» aparentemente a utilizarlo, en detrimento del catalán.
«Sacrifica derechos de los catalanes»
«Me niego a que conviertan los problemas de los independentistas en preocupaciones de los catalanes», defiende ante un acuerdo que supone «sacrificar derechos de los catalanes para que Sánchez se mantenga en el poder», perjudicando a Cataluña y «contentando a los que quieren dejar de ser españoles».
El eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, habla también de «concesiones a los golpistas». «Sánchez acepta con este acuerdo el relato separatista porque cualquier ciudadano puede ya dirigirse a las instituciones europeas en catalán», apunta en línea con lo dicho por los otros dos partidos.
Aceptar que el catalán se utilice en igualdad de condiciones que el español implica, por tanto, asumir que está siendo discriminado, motivo por el que Buxadé reclama aplicar el 155 en Cataluña e ilegalizar a los separatistas para poner «orden y sentido común a la política en Cataluña».
Además de las graves implicaciones políticas y legales que pueda tener respaldar las leyes catalanas que arrinconan el español, el Gobierno envía también un peligroso mensaje al exterior en un momento en el que partidos como Cs están reclamando en el Parlamento europeo una investigación a España por vulneración de derechos fundamentales de los españoles que no pueden escolarizar a sus hijos en esta lengua ni utilizarla en su propio país.
