En plena polémica por la rebaja de penas para los condenados por abusos o agresiones sexuales, como consecuencia de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, el Ministerio de Igualdad ha reclamado a los medios que «no se hagan eco» de los recursos de los abogados porque «lo que las defensas piden es parcial, de parte, yo no haría noticia y alarma mucho a las mujeres».
Así lo ha indicado este viernes la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, quien ha asegurado que las defensas pedirán revisiones y ha apostado por no hacerse eco de las peticiones de los «abogados de violadores» porque éstas las piden al igual que en su momento pidieron la absolución de sus defendidos y ahora están condenados: «lo que las defensas piden es parcial, de parte, yo no haría noticia y alarma mucho a las mujeres», ha opinado.
Rosell ha hecho estas afirmaciones en declaraciones a los medios junto a la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, quien ha tomado primero la palabra para lanzar un mensaje «de calma y tranquilidad» tras el goteo de rebajas de condenas conocidas en la aplicación de la ley del solo sí es sí. «Es evidente que esto suscita muchísimo debate y preocupación y nosotras queremos compartir en primer lugar nuestra preocupación por lo que pueden sentir muchas mujeres en este país», ha dicho Rodríguez, quien ha insistido en que la ley del solo sí es sí «es una buena norma».
Una ley, ha proseguido la secretaria de Estado, que ha cambiado «el paradigma», que «tiene mucho más que ver con cambiar los esquemas que cambiar las penas» y que, por tanto «va a requerir de un tiempo de aplicación» de la norma para que «vaya siguiendo su camino en lo judicial». Ha abundado Rodríguez, haciendo un símil sanitario, en que con esta ley se ha pasado «de una medicina general a una más especializada«, a un Código Penal más especializado, por lo que ha hecho un llamamiento a que el debate se de con «calma» y «sosiego» ante un asunto de tanta relevancia y poniendo el foco en la especial protección de las víctimas.
La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género se ha pronunciado en el mismo sentido y ha estimado que ha habido errores judiciales en la aplicación de la norma. «Ha habido lo que consideramos errores judiciales claros en una aplicación precipitada sin calma, sin reflexión y sin una buena lectura de la ley», ha apuntado Rosell y esa «corrección», a su juicio, no la tiene que hacer el Gobierno sino el Poder Judicial. En este sentido se ha mostrado convencida de que el Supremo mantendrá su doctrina, que es la jurisprudencia consolidada de que «si la pena cabe en la nueva ley, la condena no se revisa y, en cualquier caso, se individualiza y se compara con todas las circunstancias». Además, ha recalcado que el Gobierno está perfectamente alineado en el sentido de respetar la separación de poderes y dejar hablar al Poder Judicial.
La delegada del Gobierno ha rechazado que la ley precise de una disposición transitoria, porque ya existen otras vigentes y ha insistido en que lo que se debe hacer es comparar la norma vigente con la anterior y con las circunstancias, leyéndose los hechos probados y el Código Penal completo, decidir, «no leyendo solo un artículo» y no caer en «automatismos».
