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Los actuales consejeros de Hacienda y Obras Públicas de Ximo Puig estaban en las listas dopadas por la trama Azud

La trama Azud ha apuntado ya hacia Ximo Puig. Las empresas de esta red de presunta financiación ilegal del PSOE costearon pagos de la campaña de las primarias del actual presidente de la Comunidad Valenciana. Pero dos nombres más acaban de catapultar el escándalo de la trama B del PSOE valenciano al actual Gobierno regional. El actual consejero de Hacienda valenciano, Arcadi España, y la también actual consejera de Obras Públicas, Rebeca Torró, formaron parte de las listas electorales dopadas por los gastos investigados por presunta financiación ilegal.

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Arcadi España García, consejero de Hacienda y Modelo Económico. Fue el número 12 en la lista al Congreso de los Diputados publicada en el BOE del 12 de febrero de 2008 y que concurrió a las elecciones generales por parte del PSOE de la Comunidad Valenciana bajo el liderazgo de la número uno por este territorio, María Teresa Fernández de la Vega. España ha sido nombrado en este cargo en una fecha muy cercana y con el caso Azud obviamente ya abierto: el 14 de mayo del pasado 2022.

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Rebeca Mariola Torró Soler, consejera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. Fue la número 16 de aquella misma lista. Y esa lista era la que acompañaba a José Luis Rodríguez Zapatero en su objetivo —conseguido— de renovar el mandato presidencial de España para el PSOE. Y esa lista, según la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) fue una de las presuntamente beneficiadas por gastos de campaña asumidos por una red de empresas que, en última instancia, habrían sido pagados por acuerdos con la sociedad pública Acuamed, responsabilidad en última instancia de la entonces ministra y hoy presidenta nacional del PSOE de Pedro Sánchez, Cristina Narbona.

Rebeca Torró fue igualmente elevada al cargo de consejera el pasado 14 de mayo de 2022. Hasta ese momento ella era secretaria autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo. Y, de hecho, tomó la cartera de su compañero de partido, gobierno y hasta listas electorales: Arcadi España, hasta ese momento en el cargo de Obras Públicas. Y Torró nunca ha tenido falta de cargos: ya formó parte de esta Consejería entre 2016 y 2018 en condición de responsable de la Dirección General de Vivienda, departamento que fue convertido en consejería para poder dar cobertura al pacto con Unidas Podemos y generar puestos y cargos para su gente.

Torró, además, ha sido concejala de Urbanismo en Onteniente. Y es que, como ya ha publicado Libertad Digital, la trama Azud une la historia y el presente, no sólo del Partido Socialista valenciano. También de muy buena parte del PSOE nacional. Desde Lerma, hasta Ximo Puig, pasando por Zapatero, Fernández de la Vega, Jordi Sevilla, Leire Pajín o infinidad de cargos actuales del Gobierno socialista de la Comunidad Valenciana.

Y es que la trama Azud de presunta financiación ilegal del PSOE no deja de acercarse a Ximo Puig, el actual presidente de la comunidad autónoma y candidato del PSOE a revalidar el cargo. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha encontrado ya el rastro de gastos políticos abonados por empresas de la trama B desde el inicio: en el 2006, en Morella —la ciudad de la que fue alcalde Ximo Puig— y bajo su mandato como líder socialista de esa localidad.

El informe de la UCO ha desvelado, de hecho, pagos por parte de la empresa Construcciones Valencia Constitución (mercantil que forma parte del Grupo Axis, implicado en el pago de comisiones a cambio de contratos) a la empresa Ensuma, sociedad especializada en congresos y eventos. Los costes asumidos por parte del Grupo Axis a través de su matriz CVC, quedaron plasmados en un documento intervenido en la sede del grupo. En concreto se localizaron en el interior de una carpeta con la inscripción «José Luis Vera y Pepe Cataluña«, es decir, con el nombre de las dos personas a las que la Guardia Civil considera el «tándem» que comandaba la trama de financiación ilegal. Hay que recordar también que Vera era el contacto con Acuamed —empresa pública que parece dibujarse como la pagadora final de los gastos de campaña— y Cataluña fue el tesorero del PSPV.