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El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha comparecido en una declaración institucional en la sede de la Presidencia para aclarar que las medidas que se implantarán “mejoran y modernizan” las prestaciones de servicios de la mujer embarazada y que “en ningún caso” se ha cambiado el protocolo del Estado ni de la Comunidad. Por ello, ha insistido en que “no se obligará a los médicos ni a las mujeres embarazadas a nada», sino que serán ellas las que «libremente podrán solicitar los recursos puestos a su disposición”.
Con esta intervención, Mañueco pretende alejarse de las medidas antiabortistas de Vox y enfocarlo en medidas para promover la natalidad y de ayuda a las mujeres embarazadas. Así, ha asegurado que ni la legislación ha cambiado ni se introducen cambios en el protocolo, como había asegurado su socio de Gobierno, para cargar las tintas sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez. “No albergo duda de que solo quieren sacar redito político, nos parece lamentable”, tras el requerimiento enviado ayer y que por ahora no ha llegado a la Junta.
También ha asegurado que su Gobierno “ni ha contemplado medidas coercitivas ni va a aceptar que el Gobierno de España utilice a las mujeres para hacer oposición a la Junta”, ha indicado. En la misma línea de ataque, ha mostrado su “estupefacción” por el comportamiento del Gobierno, al tiempo que ha defendido que “no tienen ninguna autoridad para dar lecciones en cuanto a la protección de las mujeres” tras la ley del ‘solo sí es sí’. En ese sentido, ha tachado al Gobierno de Sánchez de “soberbia” por no rectificar pese a la alarma social.
“No vamos a hacer a las mujeres rehenes», ha sido uno de sus mensajes más destacados, por lo que ha pedido que «dejen de hacer política con lo que no se ha hecho ni se hará en la Junta y modifiquen su chapuza de ley”, ha espetado al Gobierno de Sánchez.
Una comparecencia que se ha retrasado casi una hora y que ha sido anunciada media hora antes por la Dirección de Comunicación, todo ello tras la polémica surgida desde el pasado jueves con las medidas antiabortistas y avivada este fin de semana tras el requerimiento del Gobierno para que no se apliquen.
En un día también de contradicciones, en el que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León había insistido a primera hora en que las medidas son de obligado cumplimiento para el personal sanitario y que con este protocolo la Comunidad se convierte en la región “más protectora con los derechos de la madre embarazada”. Pero Gallardo también ha cargado contra el Gobierno de España y ha calificado el requerimiento como una “sobreactuación con el objetivo de que no se hable de los verdaderos problemas de España”. Lo cierto es que, pese a que desde Vox se reafirmaba que las medidas anunciadas se implantarían desde este lunes, se trataría en efecto de un protocolo ‘fantasma’ ya que en ningún momento hasta la fecha ha sido dado a conocer a los propios sanitarios.
Todo comenzó el pasado jueves cuando en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente de la Junta explicaba el acuerdo alcanzado con la Consejería de Sanidad, del PP, y se refería a las medidas ‘provida’ acordadas como la atención psicosocial, ecografías 4D para gestantes y el protocolo de latido fetal, incluyendo una primera ecografía entre la semana 6 y 9 del embarazo, según Vox, para que las mujeres tengan “más información” antes de tomar una decisión sobre la continuidad del embarazo.
Ante tal revuelo, el sábado se pronunciaba Mañueco en un acto del PP de Zaragoza distanciándose de Vox al desvincular el nuevo protocolo para embarazadas del aborto y aclarar que estaban dirigidas al fomento de la natalidad. La guerra continuaba y en la tarde de este domingo era el Gobierno central el que requería a Castilla y León para que no aplicara el plan antiabortista. Dos horas después, Mañueco desafiaba a Pedro Sánchez asegurando que defendería sus competencias autonómicas y amenazaba con acudir a los tribunales. Es más, el Ejecutivo autonómico aseguraba que cualquier medida de «fomento de la natalidad y de apoyo a la familia» se aplicará con «respeto absoluto a la Ley, a la libertad y a los derechos de la mujer embarazada y de los profesionales sanitarios», apuntaba el Gobierno autonómico en un comunicado.
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