Clara Jusidman, presidenta y fundadora de la Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide Social), alertó que mientras el nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 del presidente López Obrador plantea “fortalecer las capacidades institucionales”, con las medidas de austeridad propuestas “se está disminuyendo peligrosamente la capacidad, experiencia y conocimiento para el adecuado manejo de la esfera pública”.
La excolaboradora en el gabinete del gobierno capitalino con Andrés Manuel López Obrador advirtió que “es un error cercenar a hachazos al gobierno, en lugar de aplicar el bisturí o confiar en los nuevos funcionarios para que organicen sus instituciones, apegados a un presupuesto definido”.
Durante su participación en la mesa ‘Política, gobierno, austeridad en la función pública y combate a la corrupción’, en el marco de Parlamento Abierto para el Análisis del PND, criticó que “la curva de aprendizaje de los nuevos servidores públicos puede ser muy prolongada y costosa para alcanzar los objetivos de la 4T, si las medidas de austeridad los dejan sin personal profesional experimentado y sin la participación de expertos de la academia y de la sociedad civil organizada”.
Al acudir a la Cámara de Diputados, expuso que en el PND se reitera “la necesidad de fortalecer capacidades institucionales, reorganizar al Estado y profesionalizar la función pública; sin embargo, lo que no queda claro es en qué sentido, cómo, quién y cuándo se realizará una reingeniería del Estado”.
Por el contrario, sostuvo que con las acciones en materia de austeridad se están disminuyendo «peligrosamente» las capacidades, la experiencia y los conocimientos para el adecuado manejo de la cosa pública.
Jusidman detectó cuatro riesgos por los recortes: la pérdida irrecuperable de servidores públicos experimentados y honestos, la paralización de la entrega de bienes y servicios públicos, el retraso en la concreción de los nuevos programas de la Cuarta Transformación, y el desempleo y empobrecimiento de profesionales de sectores medios.
Lamentó que servidores públicos con gran experiencia y conocimiento en muchos ámbitos “han sido despedidos o están en proceso de serlo, quienes no son culpables de la captura que hicieron los partidos y grupos políticos de los puestos de gobierno para colocar a sus leales”.
La también defensora de derechos humanos señaló que lo mismo sucede con las organizaciones sociales y de la sociedad civil, las cuales «han sido descalificadas por el titular del Ejecutivo».
Resaltó que el abuso de las figuras jurídicas de asociación civil y sociedad civil ha sido realizado por el propio Estado, los partidos políticos y por grandes empresarios coludidos con el poder político, no por la ciudadanía organizada comprometida con el bienestar de terceros.
