Mientras se descubre el rastro del caso Tito Berni en la Comunidad Valenciana, mientras avanza la investigación del caso Azud, mientras sigue a pleno ritmo el caso Subvenciones de Ximo Puig a sus hermanos y mientras permanece abierto el caso Acuamed, surge un nuevo escándalo relacionado con comilonas y presunta malversación de fondos públicos en el territorio de Puig: la trama ya está denunciada, la querella admitida y se centra en un caso en el Ayuntamiento socialista de Vinarós que habría obtenido el dinero para sus despilfarros y comidas gracias a la venta de residuos o chatarras.
La historia surge a raíz de una denuncia de un empleado del Ayuntamiento. El empleado público ha desvelado la existencia de una trama de presunta corrupción en la que estarían implicados el mismo alcalde –Guillem Alsina, del PSPV- PSOE– y otros funcionarios de la brigada municipal. El objeto de la trama es sencillo y lucrativo: consiste en la venta ilegal y, por supuesto, plenamente al margen de la contabilidad e inventarios oficiales, de material recolectado por el Ayuntamiento procedente de la recogida de residuos o reciclaje. En concreto, la denuncia alude a la venta de chatarra. Y, una vez vendida esa chatarra, los integrantes de la trama disfrutaban del dinero obtenido convirtiéndolo en regalos personales o comidas, según la denuncia.
El denunciante comunicó su información oficialmente ya en mayo de 2022. Lo hizo con un aviso a la concejala de servicios, Carmen Morellá, igualmente del PSPV-PSOE. El empleado público constató el interés del consistorio por poner fin a la presunta trama: no se hizo nada por descubrir la posible corrupción. Y, ante esa pasividad, el denunciante decidió presentar una denuncia escrita en el Registro de entrada del Ayuntamiento el 5 de junio de 2022.
El ansia investigadora volvió a quedar clara: ni una respuesta. Y ante semejante exhibición de euforia anticorrupción, el 6 de septiembre de 2022, el denunciante trasladó los hechos al Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana y al Defensor del Pueblo.
Gracias a su empeño, el Síndic pidió explicaciones al Ayuntamiento socialista de Vinarós, logrando, por fin, respuesta del alcalde Alsina el 10 de octubre. En su defensa, el regidor aseguró que no se había dado respuesta a la denuncia por haber sido «presentada sin mayor prueba, y no siendo el solicitante interesado respecto a la cuestión denunciada, el Ayuntamiento no le ha remitido contestación alguna…».
El descuido del alcalde
El alcalde olvidó en esa explicación un pequeño detalle: cuatro días antes de su respuesta al Síndic –el 6 de octubre– emitió un orden firmada por él mismo y el tesorero del Ayuntamiento a la brigada municipal señalando lo siguiente: «Habiendo tenido conocimiento a día de hoy por esta tesorería de la venta de chatarra por la brigada municipal y siendo que no existe ordenanza que ampare dichas actuaciones. Se informa de la prohibición de realizar tales actos a partir de la fecha de hoy…«.
Esto se traduce en que cuatro días después de ordenar el cese inmediato de una actividad ilegal por «haber tenido conocimiento» de ella, aseguró al organismo oficial censor de cuentas tener la más mínima prueba de ese mismo comportamiento.
Para colmo, a esas alturas se había levantado acta de la entrega de 6.696 € en efectivo al tesorero por un empleado de la brigada. El acta señala expresamente que ese dinero estaba en dependencias de la brigada municipal según consta en un libro de registro donde figuran algunas de las operaciones relativas al dinero que se entregaba.
Es decir, que el 10 de octubre el alcalde sostuvo que no había dado respuesta a la denuncia por carecer de soporte probatorio cuando estaba plenamente al corriente de ello, contaba con pruebas documentales y cuatro días antes él mismo había dado instrucciones internas para acabar con esa práctica y había recibido 6.696 € en metálico que fueron incorporados a la contabilidad oficial.
El Juzgado de Instrucción nº 3 de Vinaroz ha abierto diligencias y ha dictado un auto de 18 de enero de este año por entender que los hechos «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de malversación».
