Los diputados catalanes contra los que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dictó este martes la suspensión de sus cargos siguen aferrándose a su actas en el Parlament. Aunque la suspensión no implica la renuncia al acta de diputado, si así lo hiciesen, las consecuencias son claras: se desvanecería la mayoría del frente independentista en el Parlament y, además, los diputados suspendidos, Carles Puigdemont, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Oriol Junqueras y Jordi Sánchez, perderían dinero, sus retribuciones económicas mensuales como diputados del Parlament.
En el caso del ex president de la Generalitat, el ex vicepresident, Jordi Turull, Josep Rull, y Raül Romeva, si decidieran prescindir de su acta, dejarían de percibir su asignación mensual de 2.871,57 euros. Mientras que en la nómina del ex presidente de la ANC, Jordi Sánchez, la cifra aumenta al ser también presidente del grupo parlamentario de Junts per Catalunya. Sánchez se embolsa otros 2.885,50 euros, según recoge el Régimen Económico de los diputados del Parlament, en total 5.756 euros mensuales.
Dentro de Junts Per Catalunya, ayer cerraban filas hacia los diputados independentistas y rechazaban «suspenderlos o sustituirlos» de su cargo, conscientes de que de ello depende la mayoría independentista. El grupo parlamentario que dirige Jordi Sánchez pretende un amplio frente que cuente con el aval del PSC y los comuns contra la suspensión de los diputados procesados por rebelión por el juez del TS.
La suspensión del cargo, no equivale a la pérdida del acta, pero sí implica que dejarían de ejercer sus funciones oficiales. Por ello, esta suspensión del cargo que requiere el juez del Tribunal Supremo dejaría a los independentistas con 63 escaños en el Parlament (actualmente tienen 69), lo que significa que el grupo constitucionalista, (Partido Popular, PSOE, Ciudadanos, y Podemos), les superarían en escaños, con dos más, 65.
Según confirmó ayer el president de la Generalitat, Quim Torra, que visitó a los diputados suspendidos que ya se encuentran en la cárcel catalana de Lledoners, ninguno de ellos renunciará a sus respectivas actas de diputados. «Ayer dije que yo no pensaba pedir la renuncia a su acta de diputado a ninguno de los diputados encarcelados, pero además ellos me han dicho que no piensan renunciar», dijo A su juicio, no tendría «ningún sentido» que renunciaran a su acta.
La decisión final queda en manos de la Mesa del Parlament que, contando ya con el auto del juez Llarena en sus despachos y con el informe jurídico de los letrados, deben de decidir si admiten o no el dictamen del magistrado de que sean suspendidos cautelarmente y sustituidos por otros parlamentarios durante el periodo que permanezca abierto el proceso judicial.
