El gobierno del Presidente Nayib Bukele nuevamente enciende las alarmas dentro y fuera de El Salvador. El 15 de septiembre se prevé que le sea consignado un anteproyecto de reforma a la Constitución que podría generar profundos cambios en la realidad política, económica, social y cultural del país centroamericano.
El principal impulsor de este proceso es el Vicepresidente de la nación, Félix Ulloa, quien entregará personalmente a Bukele un documento que contiene unas 215 modificaciones que eventualmente se le practicarían a la Constitución actual, que está compuesta por 274 artículos. Luego el anteproyecto deberá pasar a ser aprobado en el Congreso, sitio en el que el Presidente tiene mayoría absoluta desde las elecciones parlamentarias de marzo pasado.
Dentro del paquete de cambios que se buscan introducir hay varios de consideración: se legalizarían el aborto y la eutanasia, así como el reconocimiento a las uniones de personas del mismo sexo. En la arena económica está contemplada la incorporación de criptomonedas como dinero de curso legal en el país centroamericano; con lo que la reciente decisión de asumir el Bitcoin como una unidad monetaria salvadoreña oficial tendría ahora una protección dentro de la Ley.
Pero quizá los temas más gruesos están en el campo político: los partidarios de Bukele proponen reformar el período presidencial para llevarlo de 4 a 6 años de duración, sin posibilidad de reelección inmediata. Así mismo se incorpora una reforma que hace posible convocar referendos populares para aprobar futuros cambios dentro de la Constitución, al mismo tiempo que se abriría la posibilidad de que a los futuros Presidentes se les convoque un referendo revocatorio de su mandato una vez que éste haya llegado a la mitad (3 años).
Se trate o no de una casualidad, los cambios políticos señalados más arriba son idénticos a los implementados por Hugo Chávez al rehacer la Constitución venezolana en 1999 con base en los principios que el tirano socialista calificó en aquella oportunidad de los de una “democracia directa”, opuestos en teoría a los de la clásica democracia representativa que regía la vida del país hasta ese entonces.
Actualmente el período presidencial en Venezuela es de 6 años y se contempla la posibilidad constitucional de convocar tanto referendos consultivos sobre materias que puedan modificar la Carta Magna, como aquellos destinados a revocar el mandato del Presidente, una vez que este haya llegado a la mitad del período de gobierno. Sin embargo, en la práctica estos instrumentos de la “democracia participativa” jamás se han podido poner en ejercicio de manera efectiva contra el poder chavista en más de 20 años de vigencia que ya tiene dicha Constitución.
Aunque, como se ha señalado, el proyecto indica claramente que no estará permitida la reelección presidencial inmediata, existen muchos temores sobre si la introducción de la figura de los referendos pueda ser utilizada más adelante para saltarse esta norma y, de manera plebiscitaria y aprovechando el respaldo popular de un líder del estilo de Bukele, lograr modificar la Constitución de nueva cuenta y habilitar así a un Presidente en ejercicio para que pueda presentarse inmediatamente como candidato al término de su mandato.
Esto es, por cierto, lo que hizo el propio Hugo Chávez en 2009, cuando utilizó la figura de una enmienda de varios artículos de la Constitución venezolana para habilitar la posibilidad de la reelección indefinida de todos los cargos públicos (siendo el principal de ellos el de Presidente de la República, por supuesto). Dicha enmienda luego fue llevada a referendo popular y el chavismo obtuvo el triunfo en unas elecciones bastante cuestionadas, otorgándole la facultad a Chávez de correr nuevamente como candidato presidencial en 2012.
Ante este escenario el propio promotor de las reformas, el Vicepresidente Ulloa, ha enfatizado en distintos escenarios que en El Salvador la figura del referendo “en ningún caso servirá para prorrogar el mandato presidencial o permitir la reelección inmediata”.
Pero los miedos no quedan allí. Activistas de Derechos Humanos, como el Director de la ONG Cristosal, Noah Bullock, le expresó a la Agencia EFE su temor sobre la posibilidad de que los partidarios de Bukele echen adelante la configuración –bajo las reformas– de un sistema político basado en una suerte de “partido único”.
Para Bullock, hace ruido el hecho de que en el anteproyecto de Ulloa se pretenda eliminar una disposición contenida el artículo 85 de la actual Constitución salvadoreña, la cual prescribe que el sistema de partido único es “incompatible con el sistema democrático y con la forma de gobierno establecidos”.
Esto en el entendido de que Bukele además se ha convertido desde su llegada al poder en un acérrimo enemigo de los dos partidos tradicionales que gobernaron al país centroamericano desde principios de los 90s: ARENA y FMLN.
Por otra parte, también se teme que la propuesta de reformas del Bukelismo modifique el artículo 7 de la Carta Magna salvadoreña, que indica que “se prohíbe la existencia de grupos armados de carácter político, religioso o gremial” por una prescripción alternativa: “se prohíbe la existencia de grupos armados, salvo los casos previstos por la Ley”.
Todo ello podría dar pie legal a la instauración de milicias paramilitares desde el Estado, bajo el amparo de la Constitución y la Ley. Sobre todo en un contexto en el que éstas podrían utilizarse para hacer frente a las pandillas del crimen organizado (las llamadas “Maras”), pero también para servir de grupos de choque del gobierno contra sus eventuales opositores políticos.
En todo caso, para entrar en plena vigencia, se estipula que el proyecto de reforma constitucional debe ser aprobado por dos legislaturas seguidas del parlamento salvadoreño, por lo que todo apunta a que la Carta Magna estaría siendo transformada hacia 2027. La actual legislatura culmina dentro de tres años y cuenta con dominio absoluto de las fuerzas pro Bukele, quienes darían el primer empujón favorable para que esta operación prospere.
El actual Presidente de El Salvador parece estar bastante confiado en el predominio político que muy rápidamente ha ido cimentando desde su arribo al poder, en 2019. La suya se ha convertido en una Presidencia que, aun saltándose muchos de los procesos regulares de la institucionalidad democrática, ha logrado construir índices de aprobación que llegan a rozar el 90% de valoración positiva.
Bukele tiene apenas 40 años y parece estar asumiendo que su juventud, apalancada en este estilo plebiscitario de ejercer el poder cabalgando sobre el lomo de su popularidad, fácilmente puede extender su carrera política por mucho tiempo más, en una jugada a largo plazo.
Los peligros están a la vista: que esto termine de generar un clima de no retorno en cuanto a concentración del poder por parte del Presidente y que el ejercicio de ese poder se torne cada vez más autoritario y represivo, como ya ocurrió en su momento con otros redentores latinoamericanos que llegaron prometiendo purgas del sistema político y la elevación de la voz del pueblo a través de la “democracia participativa”.
