Acaba de comenzar la primera de las dos semanas de suspensión de las clases presenciales en los tres niveles educativos en el ámbito de nuestra región y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y ya entra en el radar del debate lo que ocurrirá el próximo 30 de abril, una vez que venza el plazo establecido por el decreto presidencial.
Mientras que desde el gremio de docentes privados Sadop no descartaron que las clases virtuales puedan extenderse después esa fecha “si no disminuyen los casos” de coronavirus, desde una entidad que nuclea a los colegios privados admitieron que “la mayor parte de las escuelas sostiene que esta medida seguirá después del 30 de abril”.
Esa última definición es del secretario Ejecutivo de AIEPBA (Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires), Martín Zurita. “No desconocemos la gravedad de la situación pero creemos que la suspensión de las clases no es la forma”, aseguró Zurita. “Estamos muy preocupados y hay una fuerte preocupación de parte de la comunidad educativa. Creemos que no hay evidencia científica para que las clases sean suspendidas. Las aulas son un lugar seguro no son focos de contagios. Las propias estadísticas del gobierno tanto nacional como provincial así lo han demostrado desde los informes y declaraciones de parte de los Ministerios de Educación”, añadió.
“Nosotros somos parte del sistema público de educación y debemos respetar las normativas. Por lo tanto, como Asociación, no promovemos esas acciones”, dijo Zurita cuando fue consultado por las escuelas que amenazaron con abrir sus puertas en estas dos semanas. “Esto no quiere decir que exista un consenso mayoritario de rechazo a la suspensión de clases”, indicó.
Por otra parte, desde AIEPBA expresaron su adhesión a #ALasAulas, una campaña impulsada por 130 organizaciones de la sociedad civil, “para ratificar la importancia de mantener las escuelas abiertas” bajo las premisas de que “la educación tiene que ser una prioridad, que la presencialidad sea la regla y que haya un plan para cada lugar, cada situación y cada momento”.
Los gremios, en cambio, sostienen que la presencialidad debe depender de la evolución de la situación epidemiológica. Ayer la secretaria general de Sadop La Plata, Eugenia Vosilaitis, consideró que la suspensión de la presencialidad podría extenderse en la Región si en ese transcurso no se registra una mejora de la situación epidemiológica.
“Hay algo claro que tenemos que ver con la situación epidemiológica de cada región. Es claro en la Provincia de Buenos Aires. No todos los distritos están atravesando las mismas circunstancias. Entendemos que en la medida que se pueda disminuir la circulación y resguardar también el sistema de salud para que disminuyan los contagios, se mantendrá la virtualidad. Luego se hará una evaluación para ver cómo se continúa”, sostuvo en diálogo con La Redonda.
En esa línea y teniendo en cuenta el incremento de casos de coronavirus para el caso de La Plata, enfatizó que “los docentes queremos la presencialidad, pero no a costa de nadie”.
Al respecto, sostuvo que “siguiendo la misma lógica” del año pasado, en alusión a las evaluaciones quincenales que realizaron los gobiernos nacional y provincial, el período de clases virtuales podrían extenderse más allá de los diez días que establece el DNU presidencial.
“El año pasado fueron evaluaciones quincenales. Se retomará la presencialidad si disminuyen los casos. Debemos resguardar a todos y todas”, señaló.
Por otro lado, ayer la Justicia platense resolvió dos de los planteos que se habían presentado por la presencialidad escolar. En un caso, el Tribunal de Trabajo V de La Plata se declaró hoy incompetente para dictar una medida cautelar, en el marco del recurso de amparo que había presentado ante la Justicia el colegio Esseri de City Bell para poder continuar con clases presenciales, al considerar, con voto unánime de sus tres jueces, que la competencia del caso le corresponde a la Justicia Federal.
En tanto que la jueza María del Rosario Rocca se declaró incompetente en el recurso presentado por los diputados bonaerenses Emiliano Balbín, Daniel Lipovetzky y Diego Rovella contra el DNU por considerarlo “de neto contenido federal” y rechazó a su vez el planteo cautelar.
Si bien en distintas localidades del AMBA hubo ayer protestas para que haya clases presenciales, en La Plata solo trascendió el caso de la Esseri, donde integrantes de la comunidad educativa se sumaron al abrazo simbólico convocado por la institución, que finalmente decidió acatar la medida gubernamental y no abrirá la escuela.
Por último, frente a las advertencias que el gobierno provincial lanzó a los colegios de La Plata que querían abrir las escuelas pese al DNU, la Defensora Ciudadana Marcela Farroni advirtió que “es un atropello y un sinsentido que se quiera sancionar a quienes quieren garantizar el Derecho Humano a la Educación”.
