Por JOSÉ MALDONADO
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La decisión del gobierno de María Eugenia Vidal de impulsar para el próximo año un nuevo recorte en el presupuesto de la Legislatura bonaerense, en sintonía con el ajuste del gasto previsto para 2019 en Nación y Provincia, se instaló en los últimos días en medio de resistencias y posiciones encontradas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
A pocos días de que ingrese a las cámaras el proyecto de Presupuesto 2019 que enviará el Ejecutivo, la polémica por los gastos en la Legislatura volvió a reeditarse. Es que mientras desde el Ejecutivo presionan para que el cuerpo repita el recorte de gastos que aplicó este año con respecto a 2017, en las cámaras hay miradas contrapuestas, en un movimiento por ahora silencioso que involucra tanto a referentes de los distintos bloques de la oposición como del oficialismo.
En ese marco, en la recta final a que los diputados y senadores tengan que votar la asignación de recursos para el año próximo, hay dudas con respecto a qué posición se terminará imponiendo.
En el centro de los tironeos está la idea, “bajada” desde la Gobernación de volver a recortar el gasto a través de una nueva modificación del porcentaje del Presupuesto general que la Legislatura toma como tope máximo para la asignación de los recursos propios.
Hasta 2017, las cámaras de Diputados y de Senadores se abastecían con una partida que no podía superar el 1,5 del presupuesto de la Provincia, y que casi siempre se establecía en esa cifra.
Pero a fines del año pasado, cuando comenzaba a asomar la crisis que terminó de instalarse este año, Cambiemos decidió avanzar en un recorte de los fondos a través de una modificación de ese porcentaje, que pasó del 1,5 al 1,2 por ciento del presupuesto del Ejecutivo. Eso significó, entre las dos cámaras, un recorte global de unos 1.900 millones de pesos del presupuesto legislativo.
El cálculo total de gastos sancionado para 2018 de la Legislatura fue de 6.465 millones de pesos, la gran mayoría de los cuales está destinado a financiar gastos en personal. Eso significa unos 46 millones de pesos anuales por cada uno de los 138 parlamentarios. Y un gasto diario de 17,7 millones de pesos, cuando en 2016 ese número era de 14,3 millones de pesos diarios.
El recorte para este año se implementó a través de una reforma de la ley 12.450 que bajó el porcentaje del presupuesto provincial que la legislatura toma como referencia para establecer su propio cálculo de gastos. En concreto, se estableció que los presupuestos de ambas cámaras, en conjunto, no debían superar el 1,2 por ciento del total del Presupuesto de la Provincia, cuando antes ese tope era del 1,5 por ciento.
Ahora, la intención de Vidal y de un sector del Ejecutivo es que la Legislatura vuelva a votar una modificación de la ley para volver a bajar ese porcentaje que funciona como un tope para la asignación de recursos para las cámaras, de forma que del 1,2 por ciento pase al 1 por ciento de los gastos del Ejecutivo.
La idea es que la Legislatura vuelva a generar, para 2019, un ahorro de alrededor de 2 mil millones de pesos que pueda ser presentado como un nuevo “ajuste del gasto político” en una era de austeridad.
Pero en la Legislatura la idea no genera consenso entre todos los sectores. Ni siquiera entre las propias filas del oficialismo. Es que en los bloques de Cambiemos comenzaron a surgir algunas voces disidentes, que plantean objeciones a la intención de volver a modificar el porcentaje del techo presupuestario. “Podemos votar un recorte presupuestario sin necesidad de modificar la ley y el porcentaje”, dicen, fuera de micrófono. “El 1,2 por ciento funciona como un tope, podemos perfectamente asignarnos menos presupuesto”.
No sólo hay resistencias en el oficialismo. También hay oposición en el resto de los bloques. En ese marco, en Cambiemos entienden que avanzar con una idea de esta naturaleza podría complicar las negociaciones por el Presupuesto 2019, por lo que piden analizar otras alternativas.
“No pasa”, reconocen off the record operadores políticos del oficialismo sobre la idea que “bajó” el Ejecutivo.
En ese marco, se comenzaron a analizar alternativas, entre las cuales figura la posibilidad de que los fondos con los que cuentan los legisladores destinados al pago de subsidios ya no estén bajo la órbita de la Legislatura sino que sean administrados por el Ejecutivo.
