El Gobierno decidió ayer no aplicar el reajuste de la tarifa de gas, que se iba a prorratear en 24 cuotas, y el Estado se hará cargo de la mitad del pago y de la otra mitad las empresas, según informó ayer el ministro del Interior Rogelio Frigerio.En total son $20 mil millones.
Frigerio informó que el gobierno “trabaja” en la iniciativa que le acercó la Unión Cívica radical (UCR) y confirmó que se prepara “una nueva resolución”, tras la polémica suscitada por la normativa de la secretaría de Energía que programó un aumento retroactivo en 24 cuotas para los usuarios.
Al término de una reunión en el salón Gris de la Cámara alta con los presidentes de bloque, Frigerio declaró que el Gobierno “siempre” estuvo abierto a “escuchar alternativas que repercutieran menos sobre el bolsillo de la gente”.
“Estamos trabajando para consensuar medidas que alivien esta decisión sobre la espalda de la gente”, dijo el funcionario.
La UCR envió una propuesta a la administración de Mauricio Macri para que la compensación a las empresas prestadoras de gas sea afrontada, en un 50 por ciento, por el Estado Nacional, a través de un subsidio de 10 mil millones de pesos que se incorpore en el Presupuesto 2019 que se discute en el Congreso.
“Estamos trabajando en eso, nosotros siempre escuchamos desde un primer momento que si había alguna alternativa que repercutiera menos sobre el bolsillo de la gente íbamos a escucharla”, aclaró el ministro.
Frigerio estuvo reunido con el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, los senadores del oficialismo, Humberto Schiavoni, Julio Cobos y Luis Naidenoff; el jefe de los senadores peronistas, Miguel Pichetto, y de las bancadas minoritarias de la Cámara.
El Gobierno publicó el viernes último una resolución para cobrar una cuota extraordinaria en la factura de gas, que se podrá pagar en 24 cuotas para compensar a las empresas del sector por la devaluación del peso de los últimos meses.
La medida había sido cuestionada por la oposición que convocó a una sesión especial para rechazar la resolución y por sectores del propio oficialismo, como el radicalismo, que advirtieron que no se podía trasladar el costo del aumento del precio del dólar a los usuarios.
La decisión que da marcha atrás al decreto Nº 20 del Poder Ejecutivo, fue difundida luego de que el ministro del interior, Rogelio Frigerio, se reuniera en el Congreso con los líderes de las bancadas del PJ, el PRO y la UCR.
Según fuentes legislativas, la intención del Gobierno de aplica este aumento había trabado el apoyo del PJ que el Gobierno necesita para aprobar el Presupuesto 2019.
Más allá de esa posibilidad, la oposición se había unido en Diputados, y convocó a una Sesión Especial para el jueves 18, con el objetivo de derogar la resolución impulsada por el Secretario de Energía, Javier Iguacel, amparada en la ley 24.076 sancionada en 1992, en el marco de las privatizaciones de empresas del Estado.
Incluso, el radicallismo ya había expresado su intención de modificar la Resolución 20/2018 que establecía un pago retroactivo de 24 cuotas de entre $90 y $100 pesos, en compensación por los incrementos que debieron enfrentar las empresas este invierno.
La escalada de descontento por la disposición del Gobierno ya había quedado de manifiesto con duras críticas de entidades de usuarios, legisladores, defensorías del pueblo al punto que muchos de ellos presentaron demandas judiciales para impedir que entrara en vigencia el plan oficial.
A tal punto llegó la situación que, tras una denuncia del fiscal Guillermo Marijuan, se le inició al secretario de Energía, Javier Iguacel, una causa judicial en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Ahora, solo queda vigente el incremento del 34% promedio desde octubre y una segunda cuota de hasta 15% en enero definidas en audiencia públuca, pero no se abonará en las facturas las 24 cuotas de entre $ 99 y $ 111 extras que pretendían las empresas prestadoras.
El gobierno nacional gastará casi 200 millones de pesos en culminar la última etapa de remodelaciones de la Casa Rosada, según figura en el Presupuesto 2019. También tiene previsto gastar otros 43 millones de pesos en refacciones en la Quinta de Olivos.
