Una decena de organizaciones sociales mantenía anoche sitiados los accesos al palacio municipal, con un acampe por tiempo indeterminado en reclamo de un incremento en las partidas de cupos de cooperativas que prestan servicio en el espacio público, interrumpiendo el tránsito en la calles 12 y 11.
La movilización se inició al mediodía a poco de iniciada la sesión en el Concejo Deliberante y si bien funcionarios, concejales y empleados pudieron ingresar y salir del edificio “a pie”, los manifestantes bloquearon el acceso al estacionamiento que da a 11, por lo que no les permitieron la salida de los vehículos.
Fuentes del Ejecutivo explicaron ayer que la Comuna presentó una denuncia penal por “privación ilegítima de la libertad” y que anoche aguardaban la actuación del fiscal de turno, el titular de la UFI Nº6, Marcelo Romero.
Se trata de organizaciones sociales que a través de cooperativas de trabajo mantienen convenios con la Comuna para prestar servicios en el mantenimiento del espacio público. Desde el municipio indicaron a este diario que en ese concepto se les asignan “100 millones de pesos por año”, además de beneficios por otros planes, como la tarjeta Alimentaria.
En tanto, la dirigente social de la agrupación “Justicia y Libertad” Claudia Corrales afirmó a este diario que la protesta, que se desarrolla “por tiempo indeterminado”, es en reclamo a “incrementar el cupo de trabajadores que realizan mantenimiento en el espacio público y el monto que reciben por cada uno, que es del orden de 5.700 pesos mensuales”.
Según fuentes comunales, esta decena de organizaciones tienen en total unos 1.000 cupos y se encuentran reclamando otros 500.
Anoche, el auto del propio Julio Garro había quedado “atrapado” en el playón municipal, por lo que el Intendente debió retirarse en el vehículo de otro funcionario. Lo mismo ocurrió con empleados y concejales que, luego de la sesión que tuvo ayer el deliberativo, se retiraron a pie. El tránsito en el frente y la parte trasera de la municipalidad permanecía cortado.
El jefe comunal dijo a este medio que “habría que preguntar al fiscal por qué no actuaba en el bloqueo”, y ratificó que la Comuna realizó una presentación judicial al respecto. Contó, además, que las organizaciones sociales “recibieron un bono de fin de año y un incremento del 16 por ciento, además de tener a su cargo un porcentaje de los trabajos de la reparación de escuelas que se realiza con el Fondo Educativo”.
