El pasado 14 de mayo, la inspección sexta urbana de la Policía comunicó el fallo en el que se ordenaba el desalojo de 230 familias que, de manera ilegal, ocupan un terreno en la antigua vía al Guamo, en el norte de Manizales. Ayer se cumplía el plazo de 5 días para efectuar la orden, pero -por una tutela- a las familias les revivió la esperanza de ser reubicados.
Gilma Martínez, una de las voceras de los afectados, manifestó que no se oponen a devolver el terreno al municipio, sino a irse sin una opción de reubicación, razón por la cual instauraron la tutela contra el Alcalde.
“Nosotros lo único que pedimos es que nos ayuden con otro lugar para irnos. Hay personas desplazadas, discapacitadas y de la tercera edad que llevan más de 15 años acá y no tienen a donde irse”, expresó Martínez.
El Alcalde de la ciudad, Octavio Cardona, ha manifestado en diferentes oportunidades que en la zona ya se han presentado varios deslizamientos, por lo que es vulnerable, además informó que hay muchas personas en el sector que no viven allí por falta de recursos, sino en busca de más terrenos.
La más reciente afirmación la hizo ante el Concejo, donde resaltó que “varios de los que están allá tienen apartamentos entregados por el Estado, otros tantos tienen propiedades en otro lado y arriendan ahí y hay hasta quienes vienen vendiendo lotes de la zona a particulares”.
Al respecto, Martínez expresó que es cierto y que trabajan en evitar que se siga presentando, pues las irregularidades no las cometen todos.
La decisión del desalojo se da, en gran medida, porque el asentamiento está situado en una zona de alto riesgo. “Está ubicado sobre el margen de la quebrada el Guamo y están en zona de alto riesgo”, informó el jefe de la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales, Jair Alfredo Baena.
En la zona se han registrado varios deslizamientos. En el 2007 se evacuaron 14 familias, en 2011 se derrumbaron tres viviendas y el más reciente caso ocurrió en 2013, cuando una creciente obligó a la evacuación de varios hogares.
En diez días hábiles, cuando se cumpla el plazo de la tutela, la administración ejecutará la respuesta. Sin embargo, el Alcalde expresó que, siendo la orden de desalojo emitida por un juez, la “responsabilidad” sobre las afectaciones que pueda sufrir esa comunidad a causa de las lluvias “ya no será suya, sino de la ley”.
LAURA USMA CARDONA
PARA EL TIEMPO
