En el 2015, Johan Stiven García Puerta era candidato al Concejo de Pereira por el Partido Liberal, tenía una camioneta y un escolta que el Estado le había brindado porque supuestamente era un representante de víctimas amenazado. Hoy, este hombre de 29 años está en la cárcel, sindicado por ocho delitos. No era una víctima, era un victimario.
García postuló su nombre al Concejo enarbolando las banderas de la lucha por las víctimas del conflicto armado. Meses antes, se había autoproclamado defensor de los derechos de estas porque, aseguraba, era desplazado por la violencia de su natal Medellín.
La semana pasada, un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para García Puerta, sus padres, su medio hermana y su secretaria. El juez halló fundamentados los argumentos de un fiscal especializado en un proceso que el ente investigador denominó ‘Casas de papel’.
Y es que eso fue lo que este ‘desplazado’ y su familia le vendieron a cerca, según la Fiscalía, de 200 personas que estafaron con seis planes de vivienda, en Pereira y Dosquebradas, que nunca se hicieron realidad.
García, de acuerdo con la investigación, era un embaucador profesional. Engañaba a sus víctimas amparado en falsas asociaciones y fundaciones. Ante la expectativa de tener un techo o un lote propios, las personas le daban 2, 5, 8 y hasta 100 millones de pesos. Confiaban -y aún confían- ciegamente en él porque era una ‘víctima’, un ‘desplazado’, uno de ellos. De hecho, García y su secretaria tenían asiento en la Mesa Departamental de Víctimas de Risaralda. Incluso, hasta este año, García fue su coordinador.
Tras su captura, la Mesa emitió un comunicado en el cual aseguran que no sabían de las “otras” actividades de García y su familia.
Afirmamos que aún confían en García porque el día que fue capturado varias personas llegaron a la sede de la Fiscalía a decirles a los periodistas que él es inocente.
Sin embargo, las presuntas actividades irregulares del ‘defensor de víctimas’ ya habían sido denunciadas por varias personas, desde hace varios años. Una de estas es la concejala de Pereira, Carolina Giraldo. Ella le hizo seguimiento a García desde que promovió su primer plan de vida, en el sector de El Remanso, de la comuna Villa Santana, con el respaldo de la asociación Construyendo Futuro, cuyo representante legal era el papá de García, un abogado que trabajó en la Seccional de Policía Judicial (Sijín).
Me fui para la Alcaldía, pregunté esto qué es y me dieron la primera respuesta que ya le habían dado a él: eso no se puede hacer porque ese lote no cumple con las normas del POT
“Me fui para la Alcaldía, pregunté esto qué es y me dieron la primera respuesta que ya le habían dado a él: eso no se puede hacer porque ese lote no cumple con las normas del POT (Plan de Ordenamiento Territorial), está en zona rural y por lo tanto ahí usted podría hacer, en ese espacio, tres viviendas’, y él quería hacer más de 200”, recordó Giraldo.
A pesar de las advertencias, García siguió recogiendo dinero de incautos y publicaba planos, maquetas, ‘renders’ de su plan de vivienda en Facebook.
Giraldo explicó que el ‘modus operandi’ de García era ayudar a verdaderas víctimas del conflicto armado a tramitar y cobrar las indemnizaciones ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Una vez estas tenían el dinero, las convencía para que lo invirtieran en uno de sus falsos proyectos de vivienda.
Además les hacía firmar un contrato, en el cual se establecía una penalidad del 20 por ciento en caso de incumplimiento. Si alguien le dio 5 millones de pesos, él devolvía 4 millones y se quedaba con un millón. Sus víctimas preferían recuperar algo de lo que habían invertido y no meterse en problemas.
García también tenía otro modalidad de estafa: ofrecía subsidios estatales a cambio de que invirtieran en sus falsos proyectos de vivienda. Y para que todo fuera más real, armaba paseos de olla a los lotes donde supuestamente iba a construir las viviendas. Allí les decía a los incautos “acá va a quedar su casa, este es su lote”. Y le creían.
Cuando pasaban los 180 días de plazo que daba para hacer las escrituras y los ‘compradores’ le preguntaban, García les decía: en este lote no se pudo, nos vamos para otro y en ese captaba más incautos.
De a pequeñas cantidades de dinero, García y su familia comenzaron a amasar una fortuna que les permitió tener un nivel de vida alto. De hecho, García vive en una casa estrato seis en Pereira, estudia Derecho en una universidad privada y le gusta comprar ropa costosa. No obstante, la familia García Puerta aparecía en el Sisbén, nivel uno.
‘Hay más Johan Stiven’
La exsecretaria de Gestión Inmobiliaria de la Alcaldía de Pereira, Viviana Tamayo, supo de García cuando uno de sus funcionarios llegó a su oficina diciéndole: “¡Doctora, nos montaron competencia. Están ofreciendo un plan de vivienda para desplazados acá en el centro y la fila va desde el Banco Agrario hasta la plaza de Bolívar (unas dos cuadras)”.
¡Doctora, nos montaron competencia. Están ofreciendo un plan de vivienda para desplazados acá en el centro y la fila va desde el banco Agrario hasta la plaza de Bolívar (unas dos cuadras)
Tamayo no lo podía creer, la Alcaldía es la única que puede postular proyectos de vivienda. García fue citado a la Alcaldía para explicarle que la Caja de Compensación Familiar de Risaralda es el único operador de las postulaciones de vivienda para desplazados. Él dijo que no estaba haciendo nada ilegal, que solo estaba ayudando a las personas a diligenciar los formularios y que cobraba 5 mil pesos para fotocopias.
La exsecretaria Tamayo cree que “en Pereira hay más Johan Stiven”.
Estafó a 350 con plan a San Andrés
El director de Fiscalías en Risaralda, Jorge Mario Trejos, comentó que Johan Stiven García es un hombre astuto, hábil para el engaño que se inició en Medellín con la estafa a 350 personas, a las que les vendió un plan vacacional a San Andrés, que nunca cumplió. Por este caso lo demandaron.
A García y su familia les imputaron los delitos de concierto para delinquir con fines de estafa agravada, urbanización ilegal, enriquecimiento ilícito, captación masiva ilegal, falsedad ideológica en documento público, falsedad en documento privado, gestión indebida de recursos sociales y administración desleal.
FERNANDO UMAÑA MEJÍA
CORRESPONSAL EL TIEMPO
PEREIRA
