El Eje Cafetero no es la excepción en el que se podría denominar como el ‘elefante blanco’ de los colegios públicos que debieron haberse construido en el país y no se han entregado en su totalidad. De hecho, en esta región hay ejemplos tristes de la improvisación con que el Gobierno Nacional ha manejado el proyecto.
En La Virginia (Risaralda), la Secretaría de Educación avaló la demolición del Instituto Alfonso López Pumarejo para que en ese lote levantaran una moderna infraestructura. Echaron el colegio al piso, la construcción no se ha iniciado y los alumnos están hacinados en otras instituciones educativas.
También hay alumnos en hacinamiento en Apía y Santa Rosa de Cabal por los inconvenientes que ha representado que no se hayan iniciado las obras de los colegios La Sagrada Familia y la Institución Educativa Labouré, respectivamente.
En Risaralda el proyecto incluye 19 colegios, de los cuales el gobernador de este departamento, Sigifredo Salazar, y la secretaria de Educación departamental, Liliana María Sánchez, solo han podido inaugurar tres.
De los 116 mil millones de pesos que cuestan los 19 colegios, la Gobernación de Risaralda puso 37 mil millones, recursos que, por lo menos, están en una fiducia.
“En este momento, Mota-Engil tiene 230 obras en el país y eso ha hecho que se retrasen las obras de Risaralda enormemente”, explicó Sánchez.
Mota-Engil es uno de los siete proponentes que ganaron la licitación pública que, en el 2015, abrió el Gobierno Nacional para la renovación de aulas escolares, proyecto que lidera el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE). Pero la construcción de los colegios de Risaralda las tenía Graña y Montero, que tras año y medio de operaciones terminó cediendo su contrato a Mota-Engil. La Secretaria de Educación se lamenta, además, de que les haya tocado la constructora que tiene el 60 por ciento de las obras en todo el país, pero Caldas y Quindío están en las mismas.
“Esto hizo que temas de diseño volvieran a empezar, que es fase uno, con la nueva firma constructora. Y súmele a eso el cambio de gobierno (del presidente Juan Manuel Santos a Iván Duque), ese empalme se ha demorado. En estos ocho meses del nuevo gobierno se ha hecho mucho seguimiento, que es para nosotros pérdida de tiempo”, explicó Sánchez.
Solo dos obras pequeñas, en Caldas
En el caso de Caldas, son 13.612 los alumnos de 17 municipios que están a la espera de las obras en las que los gobiernos departamental y locales invirtieron 30.000 millones de pesos y el Ministerio de Educación 50.000 millones más.
Según la Gobernación, la mayoría de las obras ya deberían estar inauguradas, pero de las 421 pactadas, entre remodelaciones, construcción de aulas nuevas, comedores y cocinas, solo se han entregado dos.
“A la fecha solo presentaron dos obras menores, (en Anserma y Aguadas, de mejoramiento y construcción del comedor y cocina), pero las de mayor impacto -relacionadas con construcción de colegios- se encuentran paradas o con un avance muy lento”, indicó Marcelo Gutiérrez, secretario de Educación de Caldas.
Gutiérrez manifestó, además, que lo único que puede hacer la administración departamental son requerimientos al gobierno nacional para que presione al contratista, la firma Mota-Engil.
“El contrato fue directamente con el FFIE, por lo que la Gobernación y los municipios hacen es una protesta social alegando el cumplimiento de los términos”.
Alrededor de 15 meses completan por fuera de su sede educativa los estudiantes de la institución Rufino José Cuervo Sur de Armenia. Las obras de remodelación y construcción en este plantel están detenidas desde hace meses y los estudiantes, docentes y directivos no saben qué más hacer.
Este es uno de los casos más graves que se presentan de las 10 instituciones de la capital quindiana que seleccionó el Ministerio de Educación para remodelar su infraestructura escolar. “Nuestra sede principal está totalmente abandonada, las paredes están en el suelo, la maleza está cubriendo gran parte de la institución y solo hay vigilancia para cuidar la silletería que está guardada en el aula máxima”, contó el personero del Rufino José Cuervo Sur, Luis Estiven Bedoya.
Los estudiantes de bachillerato tuvieron que trasladarse para la sede educativa donde funcionaba solamente preescolar por lo que presenta hacinamiento.
Esta situación afecta a las instituciones; Nuestra Señora de Belén, Rufino Centro sede Antonia Santos, Los Quindos, Policarpa, Rufino José Cuervo Sur sede principal, Nacional Jesús María Ocampo sede principal, Instituto Técnico Industrial (ITI), Ciudadela de Occidente sede La Patria, Santa Teresa de Jesús sede principal, Bosques de Pinares sede Simón Bolívar y La Adiela sede La Grecia.
Según el secretario de Educación, Henry Gómez Tabares, la situación de la ampliación de las aulas se ha visto frustrada porque al parecer, el FFIE contrató empresas que no han cumplido. “Desde 2018 hicimos una relación de los atrasos y solicitamos la celeridad que corresponde a estos temas por ser urgentes, ya que los alumnos se están viendo perjudicados por el atraso”.
Esta semana, varios estudiantes de la institución Rufino José Cuervo Sur viajaron a Bogotá para reunirse con la viceministra de Educación, Constanza Liliana Alarcón y con el gerente del FFIE, Juan Carlos Franco, y otros delegados, para reclamar por los incumplimientos del contratista Mota–Engil en la construcción de las 10 sedes educativas de Armenia.
“El Ministerio continuará con el seguimiento a estos casos y visitará la Institución para definir la posibilidad de la asignación de recursos para remediar el hacinamiento”, dijo el rector de la institución, Jesús Vidarte.
Por su parte, el presidente del Concejo de Armenia, Diego Torres Vizcaíno, propuso que se contemple la posibilidad de decretar la calamidad pública educativa debido al estado en que se encuentran las obras en las instituciones.
“El llamado es a docentes, padres de familia, administrativas de las instituciones y demás, a que se vuelquen las gestiones ante el Ministerio para que ellos procedan jurídicamente y se retire el contrato a la empresa que actualmente lo ejecuta y sea cedido a una firma idónea”, dijo Torres.
Hay un proceso jurídico contra el contratista
Al ser consultado a este respecto, el FFIE informó que hay un proceso contra el contratista. “Ya la interventoría entregó el nivel de adelanto que registra cada obra, por lo que se adelanta proceso jurídico por incumplimiento”, informaron.
Desde el fondo se indicó, también, que los recursos continúan en una fiducia y que no se ha pagado al contratista ninguna obra por adelantado.
“Se paga sobre obra terminada y solo cuando la interventoría aprueba la entrega, por ende, a hoy, el Fondo no le adeuda nada al contratista. Le damos la tranquilidad a la comunidad de que el dinero no se ha entregado, está en la fiducia”, dice la comunicación.
En cuanto a Mota-Engil, el último pronunciamiento sobre el tema en Caldas fue en abril pasado. En este reiteró su compromiso de entregar -el 30 de ese mes- las obras de 5 municipios más, objetivos que no cumplió.
POR LAURA USMA CARDONA, MANIZALES
LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ, ARMENIA
FERNANDO UMAÑA MEJÍA, PEREIRA
