LA HABANA, Cuba. – En semanas recientes ha vuelto a ser noticia la llamada Ley-Helms-Burton. La porción más polémica de ese cuerpo legal —su Título III, que permite demandar ante cortes de Estados Unidos a quienes “trafiquen” con propiedades confiscadas en Cuba a ciudadanos del gran país— permaneció sin ser aplicada durante una veintena de años, pues fue suspendida por los sucesivos inquilinos de la Casa Blanca. Donald Trump acaba de cambiar las reglas del juego.
El tema dio lugar a una “Declaración del Gobierno Revolucionario”. (Pensábamos que esta entidad se había extinguido en 1976, al institucionalizarse el país; pero el adjetivo gusta tanto a los castristas que no quieren dejar de emplearlo). En ese documento se reproducen y repiten todas las afirmaciones del discurso antiyanqui que han constituido un lugar común de la retórica comunista.
La mayor parte del texto está consagrada a hacer historia: Playa Girón, la promulgación de la propia Ley Helms-Burton, el incidente del Golfo de Tonkín, lo que ellos llaman “la tradición y los principios irrenunciables de la política exterior de la Revolución cubana” y hasta la lucha contra el apartheid (felizmente desaparecido hace muchos años) figuran en esas líneas.
Asimismo salieron a la palestra el canciller Bruno Rodríguez Parrilla y también, de manera sorprendente, el antiguo “Ministro de los Cinco”. El señor Ricardo Alarcón de Quesada, defenestrado de sus altos cargos públicos tras la ascensión al poder del menor de los hermanos Castro, abandonó de manera momentánea el “Plan Piyama” y se pronunció sobre el particular.
Como el señor Alarcón hace años que no ostenta elevadas investiduras y se sabe que jamás gozó de la confianza del actual mandamás, puede manifestar lo que tenga a bien. Al hacerlo, no involucra al actual Gobierno de Cuba ni a sus líderes. Barrunto que ésa es la razón de su fugaz retorno a los medios de difusión masiva. Aprovechándose de ello, él se refirió, entre otras cosas, al “estilo tramposo, fraudulento, característico de los actuales gobernantes” (los de Estados Unidos, claro).
Creo que, al referirnos a la entrada en vigor del Título III de la Ley Helms-Burton, lo primero a señalar es la gran habilidad demostrada por Washington al aplicar la medida. Por supuesto que un articulado como ése puede ser acusado de tener carácter extraterritorial. Así lo han señalado, durante años, representantes de países del Viejo Continente y otras regiones.
De hecho, ese punto fue el plato fuerte de las declaraciones de Bruno Rodríguez: “Estoy seguro que los inversionistas extranjeros, como ya lo ha hecho la Unión Europea y otros, reaccionarán fuertemente”. Los acontecimientos no han justificado esas esperanzas.
Sí ha habido un rechazo verbal del nuevo statu quo. Los países afectados han ratificado lo mismo que han expresado al respecto durante decenios. Pero ni remotamente se ha alzado la algarabía que esperaban los “socialistas del Siglo XXI”. CubaDebate y TeleSur han insistido en el tema, pero la gran prensa internacional ni se ha dado por enterada.
¿A qué podrá deberse esa omisión? Creo que en esto ha incidido la coyuntura internacional escogida astutamente con ese fin por los líderes de Estados Unidos. Son tantos los problemas graves existentes, son tan numerosos los diferendos serios en temas de alcance mundial, que la nueva disposición parece una simple incidencia carente de mayor importancia.
Otra muestra de habilidad fue que la medida, de inicio, se aplicó sólo a empresas cubanas. No afectaba —pues— a terceros países. Sólo después que todos se habían adaptado ya en principio a la idea de la presentación de demandas, fue que se eliminó la restricción y se abrió la posibilidad de formular reclamaciones contra cualquier compañía.
Pero volvamos a la “Declaración del Gobierno Revolucionario”. De manera inconsecuente, el escrito arremete contra George W. Bush. Como se sabe, éste, durante sus ocho años en la Casa Blanca, suspendió la aplicación del Título III. Una persona racional pensaría que, ante la realidad que enfrentan hoy, los castristas concluirían que ese personaje no les fue tan hostil como ellos creían, juraban y perjuraban; tal vez, incluso, que le expresaran un reconocimiento tardío, siquiera tibio.
Vana esperanza. No ya Bush hijo. Tampoco ha sido reivindicado Barack Obama, quien, amén de suspender el famoso Título III, dio otros múltiples pasos al encuentro del régimen de La Habana. Ellos fueron despreciados de manera olímpica por los estrategas del castrismo. Éstos, en su infinito despiste, estaban seguros de la victoria electoral de Hillary Clinton. Aquí vale la pena recordar al cantautor Carlos Puebla: “Y se acabó la diversión. Llegó (Trump) y mandó a parar”.
Una de las primeras reclamaciones presentadas al amparo de la Helms-Burton provoca cierta sorpresa. El presunto heredero de los dueños de un muelle santiaguero demandó a la línea propietaria de un crucero que utilizó esa instalación. A fuer de sincero, esa petición no parece tener mucho sentido. Es algo así como si el poseedor de un restaurante presentara una reclamación no contra quien lo despojó del negocio y lucra con él, sino contra uno de los miles de comensales.
En puridad, una cláusula de la Ley plantea que no constituyen tráfico “las transacciones y usos de la propiedad que sean incidentales a un viaje legal a Cuba, en la medida en que esas transacciones y usos de la propiedad sean necesarios para realizar ese viaje” (o algo por el estilo, que el enrevesado lenguaje forense anglosajón no siempre es fácil de traducir al castellano).
Como los viajes de esos cruceros a la Isla están autorizados, no creo que vaya a prosperar esa demanda presentada al momento mismo de entrar en vigor el Título III. Pero, detalles legales aparte, lo que está fuera de dudas en que, incluso aquellos a quienes les desagrade el personaje, tienen que reconocer que la política exterior del presidente Trump —en Cuba, sí, pero también en Venezuela, Siria, Irán y Norcorea— es una política de principios.
