El Ministerio de Cultura rechazó la propuesta presentada por la constructora del polémico proyecto ‘Aquarela´ multifamiliar, que plantea bajar el nivel de las torres de 30 a 20 pisos de altura.
“La Promotora Calle 47 SAS, constructora, propone ahora la edificación de 5 torres de 20 pisos cada una, cuya altura máxima supera los 64,10 metros, paro aun así no cumple con la norma urbanística dispuesta por el Plan Especial de Manejo y Protección, Pemp, del Cordón Amurallado y el Castillo de San Felipe de Barajas. Esta norma establece una altura de 4 pisos máximo, es decir unos 18 metros de altura”, aseguró el Ministerio de Cultura en boletín de prensa.
El próximo 15 de febrero el Ministerio de Cultura presentará un informe a la juez 11 administrativa de Cartagena, que lleva el caso, donde se le notificará que no hubo acuerdo entre las partes.
‘El destino inexorable de la torre de ‘Aquarela’ es su demolición y la cancelación de las licencias
El proceso legal continúa en manos de la juez, quien tiene la última palabra sobre el futuro del proyecto.
A esta negativa del Ministerio de Cultura se suman las voces del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo; y del alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira, para quienes «el destino inexorable de la torre de ‘Aquarela’ es su demolición y la cancelación de las licencias».
La respuesta de la constructora también ha sido enfática: «ante la ausencia de una contrapropuesta por parte del Estado en el marco del Pacto de Cumplimiento, Promotora Calle 47 SAS mantendrá la defensa de los derechos adquiridos ante las instancias judiciales correspondientes», sostiene la constructora.
El mayor argumento de la constructora es que el proyecto tiene todas las licencias y permisos de construcción aprobados por el mismo Distrito de Cartagena, en un proceso que duró más de 4 años.
«De no llegarse a un acuerdo, la constructora entablará las acciones judiciales correspondientes, tendientes al resarcimiento debido a los afectados (constructores y compradores de buena fe) ante los errores administrativos cometidos”, anotó el abogado Juan Manuel González, apoderado de la constructora.
La constructora también critica que solo hasta el año pasado la ciudad actualizó su PEMP, una tarea, para la protección del patrimonio, que tenía en deuda desde 1994.
JOHN MONTAÑO
Redactor de EL TIEMPO
Cartagena
En Twitter: @PilotodeCometas
