LA HABANA, Cuba.- La indolencia es uno de los grandes males que carcomen al llamado sistema socialista cubano y está presente en casi todas las instituciones estatales, donde la practican con impudicia empleados y directivos a distintos niveles, mientras la población decepcionada sufre estos desmanes una y otra vez. Algunos pocos ciudadanos acuden a la prensa con la esperanza de encontrar una solución a su problema, alentados también por la idea de que se conozca la tragedia y la dejadez gubernamental que soporta el pueblo, aunque tantas veces la denuncia no pase de ahí.
Toda esta indolencia es aprovechada por abusadores y oportunistas sin escrúpulos que se ensañan con los desvalidos. Por estos días una anciana conocida me hizo saber su situación, aunque me pidió que no revelara su nombre. Me explicó que un lateral de su casa da al fondo de un edificio de pocos apartamentos. Un día, el vecino que vivía en la planta alta demolió el tanque que le suministraba el agua a todos los apartamentos, así, cada inquilino tuvo que instalar su tanque, excepto una vecina que dijo no tener recursos, por ello el día que tocaba el agua le pasaban una manguera. Hasta que a esa vecina le dio por meter en su casa a una pareja de marginales que decidió resolver la situación “de a Pepe”.
Contra su voluntad, afirma la señora que me contó su historia, le pasaron la tubería por su patio e instalaron un tanque metálico (porque los vecinos no los dejaron instalar uno en la azotea). Como los hombres involucrados la amenazaban y ella vive sola, llamó a la Policía con la esperanza de recibir protección. Sin embargo, los oficiales, que llegaron antes de que los antisociales terminaran de hacer la instalación, se limitaron a decirle que eso era un problema de Vivienda. La señora llevó cartas a la Dirección Municipal de Vivienda, Edificios Múltiples, Aguas de La Habana, pero no se las quisieron recibir. Luego hizo la denuncia en la PNR. Más tarde, tras meses acudiendo a la Fiscalía para indagar sobre el estado de su caso, supo por casualidad que había sido tramitado y devuelto a la Policía, pero no ha sido notificada de la conclusión, lo cual, según la recepcionista, era deber de la PNR.
La desidia presente en las instituciones que prestan servicio a la población –un problema generalizado en todo el país– es la fisura aprovechada también en muchos casos por funcionarios buitres, que niegan, paralizan o posponen su correspondiente gestión con la intención de sacar alguna tajada de aquellos que parezcan tener poder adquisitivo, quienes no pocas veces acceden al soborno como única vía de efectuar el trámite en un tiempo razonable. Otros, ante los abusos, los atropellos y la indefensión, buscan ayuda en los directivos, pero en muchos casos estos, lejos de dar soluciones, se escudan en mentiras, rehúyen sus responsabilidades y apañan a sus subordinados.
Por sólo citar un ejemplo de los que salen a diario en la prensa: el 16 de diciembre de 2017 en la sección Acuse de Recibo (Juventud Rebelde) aparece la señora María de la Candelaria Rivero Romero, una pinareña que inició los trámites para obtener certificación de numeración y de edificación así como límites y linderos de la casa de su propiedad heredada de sus padres.
Después de ir varias veces a la Dirección Municipal de Planificación Física (DMPF) de Consolación del Sur se presentaron en su casa la jurídica de esta entidad y dos técnicas, y a partir de ese momento comenzaron una serie de arbitrariedades, incongruencias y mentiras por parte de funcionarios de Vivienda.
En otro párrafo del artículo, dice, ella denunció el hecho ante la Oficina de Atención a la Población del Consejo de Administración Municipal (CAM) –se refiere al Poder Popular– y la Dirección Provincial de Planificación Física (DPPF), pero no recibió respuesta. El 5 de agosto se dirigió al Partido Municipal y por tercera vez al CAM, con el mismo resultado.
Por desgracia, no pocos se sentirán identificados con esta historia, pues la sostenida indolencia, ya sea de las administraciones políticas o de las instituciones que prestan servicios a la población, se ha convertido en una de las manifestaciones más extendidas de la pérdida de valores de los que dirigen la economía y la política en nuestro país.
