El bloque institucional que sufren alguna de nuestros principales organismos ha hecho que Pedro Sánchez y su gobierno estén planteándose cambiar la forma en la que se elige al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces. Varias entidades judiciales han alertado de este cambio legislativo que prevé hacer el Gobierno de Sánchez, ya que en la práctica supondría que sería la mayoría que sustenta al Gobierno en el parlamento sería el mismo que elegiría a los jueces.
Jorge Fernández Vaquero, portavoz judicial Francisco de Vitoria, precisamente ha sido uno de los firmantes de este manifiesto. Ha explicado que las diversas asociaciones independientes como la suya no es que estén preocupados, pero sí vigilantes.
«Miedo no, de momento estamos ante un anuncio y estamos vigilantes porque consideramos que si esa reforma sale adelante en los términos planteados podría ser muy perjudicial aunque tampoco estamos de acuerdo con el actual sistema», ha dicho este lunes en ‘El Cascabel’. El actual CGPJ lleva ya meses sin poder renovarse ante la falta de consenso entre los principales partidos políticos, en especial PP y PSOE, que a comienzos de verano parecían que el entente era posible pero con el inicio del curso político este acuerdo parecía enfriarse.
Asimismo, Fernández Vaquero ha querido señalar que «el Poder Judicial es una garantía para los ciudadanos». Pero los problemas que plantean esta reforma es que permite que la mayoría que sustenta parlamentariamente al Gobierno acabe diciendo quienes son los vocales que van a formar parte de ese consejo». Según ha recalcado, a través de este sistema «el Gobierno nombraría vocales a quien quisiera».
El PP, principal partido damnificado, ha advertido este lunes que pretender cambiar la ley para que el CGPJ se pueda renovar sin necesidad de mayoría cualificada en el Congreso, supone “politizar la Justicia y pone en peligro los fondos de la UE”.
Así lo ha afirmado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del partido, al comentar el aviso del presidente del Gobierno. Para García Egea, “la ley de Sánchez pone en peligro directamente los fondos estructurales y de reconstrucción de la Unión Europea porque una Justicia intervenida políticamente puede dar lugar a sanciones de la UE que acabarían empobreciendo todavía más a nuestro país”.
Estas asociaciones no descartan acudir a los tribunales europeos en el caso de que se dé luz verde a los planes del Gobierno. En ese caso, la renovación del CGPJ podría retrasarse más de lo esperado.
