El Grupo de Expertos contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) ha hecho público este jueves su informe anual, en el que insta de nuevo a España a que aborde la despolitización del CGPJ.
El Greco lamenta «profundamente» que en algunos países se vean «intentos conspicuos» por parte de los poderes legislativo y ejecutivo para «subyugar al poder judicial», en referencia a Polonia y Hungría, mientras que sobre España recuerda que sigue sin cumplir con la recomendación de «cambiar la composición del Consejo General del Poder Judicial para que no dependa de partidos políticos«.
El presidente del Greco, Marin Mrcela, ha dicho en la presentación del que en un momento en que los países afrontan situaciones de emergencia, concentración de poderes, derogación de derechos y libertades y medidas apoyo económico para aliviar la crisis «no se debe subestimar el riesgo de corrupción».
En el prólogo del informe, Mrcela señala que el Greco ha podido constatar en 2020 que en algunos países miembros el poder judicial ha sido utilizado «con fines partidistas». Además, advierte sobre el acoso a periodistas, las promesas de «reemplazar las instituciones con las que los políticos no están de acuerdo» y la utilización de las noticias falsas y de las redes sociales para multiplicar el mensaje.
«La independencia judicial es la piedra angular de una sociedad democrática basada en los principios de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho», explica el presidente del Greco en el informe, en el que añade que este organismo seguirá vigilante ante las conductas que llevan al poder ejecutivo y legislativo a «atacar, intimidad o subyugar el poder judicial».
Mrcela solicita a los gobiernos que actúen de acuerdo a los «estándares» aceptados por los países de la UE y que serán ahora puestos a prueba una vez los países reciban los fondos europeos, una ocasión en la que los ejecutivos deben afanarse por gestionar de la forma «más rigurosa» posible el finero pues considera que «no se debe subestimar el riesgo de corrupción«.
En el prólogo del informe, que analiza la cuarta ronda de evaluación sobre la prevención de la corrupción en parlamentarios, jueces y fiscales, se señala que eso se ha podido constatar en 2020. España tiene el 18,2 % de las recomendaciones cumplidas, el 72,7 % parcialmente incumplidas y el 9,1 % incumplidas. El cumplimiento del 100 % lo ostentan sólo Finlandia y Noruega.
Italia, Francia y Alemania tienen, respectivamente, un 27,8 %, un 27,3 % y un 25 % de cumplimientos. Los menos cumplidores son Turquía, Austria e Irlanda, con el 72,4 %, el 70 % y el 54,5 % de recomendaciones incumplidas.
