El Gobierno ha aprobado un nuevo estado de alarma, que prevé prorrogar hasta el 9 de mayo, es decir, durante al menos seis meses, para hacer frente a la pandemia. Además, el Ejecutivo ha decidido en el Consejo de Ministros extraordinario de este domingo que se impondrá un toque de queda para toda España de 23.00 a 06.00, con un margen de una hora para que las autonomías puedan adelantarlo o atrasarlo.
Moncloa plantea este toque de queda como una medida de mínimos, que podrá ser endurecida por cualquier región en caso de que la situación epidemiológica lo requiera. Pedro Sánchez ha entregado a las comunidades autónomas el estatus de autoridades competentes mientras dure el estado de alarma. Los dirigentes regionales y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que reúne a Ministerio de Sanidad y a las consejerías territoriales, se encargarán de ir modulando las medidas según la evolución de la pandemia.
El nuevo estado de alarma no será, por ende, como el de marzo, pues los gobiernos regionales mantendrán todas las competencias. Su única función, al menos de momento, será la de servir como paraguas jurídico para que las diferentes regiones puedan adoptar restricciones de alto calado, como el toque de queda, con la seguridad de que no serán tumbadas por los tribunales.
En este nuevo estado de alarma, las autonomías también podrán confinar su territorio completo o un «ámbito inferior», decisión que deberá tomarse con «sentido común» para que se permitan actividades como la de acudir al médico, al trabajo o al centro educativo. Y Sánchez ha asegurado que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparecerá cada quince días para informar a los grupos parlamentarios de cómo avanza el coronavirus en esta segunda ola.
Busca «un abrumador respaldo parlamentario»
Para seguir adelante con su plan, el Gobierno necesitará buscar apoyos parlamentarios, pues, por ley, el Congreso debe aprobar su prórroga cada 15 días, tal y como sucedió durante la primera oleada de la pandemia. Sin embargo, una vez transcurrido ese plazo el Ejecutivo de Pedro Sánchez espera poder extenderlo de una vez por un periodo largo para evitar dar cuentas cada 15 días en el Congreso.
Sánchez, que ha recuperado expresiones de la primera ola, como «moral de victoria», para transmitir a los ciudadanos que la situación es «preocupante» y, por ello, ha pedido limitar al máximo posible los movimientos y estar en casa el mayor tiempo posible, ha reconocido que este mismo domingo ya ha mantenido una conversación con el líder del PP, Pablo Casado, así como con otros representantes políticos.
El mandatario ha solicitado «un abrumador respaldo parlamentario» para dar solidez a un estado de alarma que, ha dicho, ha sido pautado por las autoridades sanitarias y que est´n sujetos a los indicadores acordados. Cuenta, de momento, con los pronunciamientos favorables de territorios gobernados por nacionalistas, como Cataluña o País Vasco, además del de la presidenta de Cs, Inés Arrimadas. Todos ellos garantizarían, a prirori, una prórroga convencional, aunque parece difícil que las distintas fuerzas políticas se abran a extenderlo durante tantos meses.
Desde el PP, cuyas comunidades se oponen, insisten en que este estado de alarma podría haberse evitado si el Gobierno hubiese sacado adelante su proyecto normativo, tal y como la propia vicepresidenta primera, Carmen Calvo, prometió en mayo. «Tenemos un instrumento para tomar medidas proporcionales al riesgo de los ciudadanos y medidas que salven vidas dentro de la legislación ordinaria», defendía este viernes la vicesecretaria popular y exministra de Sanidad, Ana Pastor. En la misma línea se pronunció el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien criticó que, ocho meses después del inicio de la pandemia, el Gobierno no haya cumplido su compromiso, firmado incluso con Ciudadanos, de articular ese marco jurídico estable.
Tras el sonoro fracaso en la gestión centralizada de la primera ola, el Gobierno decidió dejar en manos de las comunidades la solicitud del estado de alarma, una potestad que la Constitución atribuye directamente al Ejecutivo. El objetivo: evadir cualquier responsabilidad en esta segunda acometida del virus y limitar sus funciones a la coordinación y a la cogobernanza.
Desde la entrada en vigor de la Constitución, en 1978, este estado se ha declarado en tres ocasiones: el primero se decretó el 4 de diciembre de 2010, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, por una huelga de los controladores aéreos, y los dos restantes durante la pandemia por el coronavirus, el 14 de marzo de 2020, que afectó a todo el territorio nacional, y el del 9 de octubre, sólo para la Comunidad de Madrid.
