La aprobación de la Ley del Referédum marca el inicio del curso político catalán y con ello la división total de la sociedad catalana.
Será un curso político intenso. De todo o nada. Falta un mes para el 1 de octubre y la Generalitat y los partidos independentistas se disponen a dar las últimas brazadas en su apuesta por desafiar al Estado de Derecho. Los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils no han paralizado -más bien lo contrario- la hoja de ruta de Carles Puigdemont. El ejemplo de esto último es el uso partidista que la Generalitat, a través de su potencia mediática en Cataluña, ha intentado con la gestión de los Mossos d’Esquadra en el vil doble atentando yihadista. Al margen de los aspectos técnicos y operativos, la administración autonómica no ha desaprovechado la ocasión para hacer política.
Tampoco quedan al margen, entre otros, las palabras del consejero de Interior, Joaquim Forn, distinguiendo entre víctimas catalanas y españolas; los mensajes del jefe de Comunicación del presidente de la Generalitat en Twitter, Pere Martí, internacionalizando la reivindicación secesionista aprovechando la visita de autoridades a Barcelona; las palabras de Puigdemont en el «Financial Times» acusando al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de «jugar» con la seguridad de los catalanes; o el intento de politizar la manifestación de este sábado por parte de las entidades que dan apoyo al reto secesionista, Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural.
Con estos precedentes inmediatos e inesperados hace solo un mes, el último empujón legislativo que necesitan las fuerzas políticas que defienden la celebración de un referéndum secesionista el 1 de octubre pasa por la aprobación de la norma que, en teoría, permitiría convocar la consulta. Está por saber el procedimiento, pero ahora mismo Junts pel Sí (JpS) y la CUP solo tienen dos opciones.
Será a través de un cambio del orden del día del próximo pleno del Parlamento autonómico -retorciendo una vez más el reglamento, sin importar que el Consejo de Garantías Estatutarias ya ha advertido de su ilegalidad-o mediante un decreto ley aprobado por la Generalitat. Sin embargo, el calado político de una u otra opción no es el mismo. Pero sí jurídicamente, ya que las dos apuestas tendrían el mismo recorrido y se desactivarían en el mismo momento en que el Gobierno la impugne y el TC admita el recurso.
Decreto ley
La primera puerta, la parlamentaria, que se llevaría a cabo el 6 o el 7 de septiembre, es la preferencia de ERC y, por lo tanto, de Oriol Junqueras. Con esta iniciativa se implicaría a todos los diputados de JpS y la CUP y, en opinión de ERC, se produciría una doble consecuencia: diluir la responsabilidad jurídica y, a la vez, mostrar unidad política entre las fuerzas separatistas. La segunda opción, que va ganando enteros a medida que nos acercamos al 1-O, concentra toda la responsabilidad en el gobierno de la Generalitat, a través del mecanismo del decreto ley, que sería el encargado de firmar la norma en la que el propio gobierno autonómico se base para poner en marcha el mecanismo burocrático del 1-O. No es la vía de ERC, pues de esta manera Junqueras, que aspira a suceder a Puigdemont en el cargo, podría quedar inhabilitado. Así, el doble atentado yihadista del 17 de agosto no ha paralizado la hoja de ruta del secesionismo, y a lo máximo lo ha pausado para intentar no mezclar duelo y reivindicación política.
El propio Puigdemont aseguró, solo unas horas antes de la marcha del sábado, que la Generalitat tiene «preparadas más de 6.000 urnas» y Jordi Turull, portavoz autonómico y consejero de la Presidencia, indicó que «no se va a evitar el referéndum». Unas valoraciones oficiales que la oposición en Cataluña (Cs, PSC y PP, principalmente) criticó con cierta prudencia para evitar entrar en el juego declarativo la víspera de la manifestación .
Sin embargo, la relación entre el PDECat y la CUP no pasa por uno de los mejores momentos. Más bien parece estar llegando a su fin. Y en su deterioro sí ha influido el doble ataque terrorista en Cataluña. La gestión de la escenificación de la unidad de todos los partidos demócratas y la constante apuesta rupturista de máximos en la que la CUP se mueve volvieron a mostrar las millas que separan a unos y otros. Hace solo unos días, Marta Pascal, coordinadora general del PDECat, se mostró rotunda sobre lo que ocurrirá a partir del 2 de octubre. «No habrá nada más» con la CUP, afirmó. La revelación de parte de la llamada ley de transitoriedad jurídica por parte de dirigentes de la CUP este verano y la mala imagen mostrada (actitud «poco responsable») por rechazar al Rey en la cabecera de la manifestación de Barcelona parecen haber acabado con la paciencia de la antigua Convergència.
