La trama de vaciado de fondos de formación llevada a cabo por UGT y CCOO en Extremadura con el fin de financiar la estructura nacional de los sindicatos tuvo un aliado expreso. Los informes de la UCO y la Fiscalía señalan que la adjudicación de las subvenciones plasmó expresamente la autorización “a la entidad beneficiaria” para la “concertación de la actividad formativa subvencionada con entidades vinculadas y/o aquellas colaboradoras con las que subcontrate más de un 20% del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros”.
El permiso suponía literalmente la puerta abierta a los sindicatos extremeños para poder pactar con las sociedades que, en el caso de UGT, por ejemplo, entraron para desviar los fondos a la estructura nacional del sindicato, tal y como ya ha adelantado OKDIARIO.
Las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han contabilizado ya seis sociedades, incluido la entidad IFES –implicada también en el escándalo de fondos de formación de Andalucía– que han entrado en esta práctica y que han desviado a Madrid más del 20% de los fondos asignados a los cursos de formación en la Comunidad de Extremadura.
La mecánica era simple: las distintas entidades inflaban los costes de los servicios que les subcontrataban y, además, lo hacían con un entramado societario que, en última instancia, estaba controlado o directamente era propiedad de la central nacional de UGT.
La UCO lleva tiempo investigando el comportamiento de IFES. Y ahora ha detectado otras cinco entidades o sociedades que participaban en la mecánica de vaciado de las subvenciones y fondos. Y todo ello en un escándalo en el que ya se sabe que IFES gestionaba prácticamente el 70% de los fondos de formación adjudicados y en el que la primera estimación del volumen de la bolsa de fraude –30 millones de euros– empieza a quedarse claramente desfasada de la realidad. Porque los primeros testigos que han sido chequeados por los investigadores han desvelado que la práctica defraudatoria es “la misma” que siempre habían desarrollado.
La Guardia Civil, de hecho, considera que la práctica defraudatoria puede superar las dos décadas. Y esa ampliación implica que el nuevo volumen de fraude pueda superar los 100 millones de euros.
En el escrito de la Fiscalía se pone de manifiesto que de las 69 acciones formativas en Extremadura durante 2011 por un total de 1.266.000, el 69,18% lo realiza IFES como proveedora de servicios. Es decir, que su acceso a los fondos era más que notable. La conexión entre UGT de Extremadura y UGT estatal a través de IFES, como sociedad instrumental para la financiación del sindicato, quedaba probada.
Pero los trabajos de investigación han ido más lejos. Y han identificado cinco sociedades más, como detalla el escrito de la Fiscalía. La primera de ellas es Localmur, con un 20% de participación de UGT y un 80% de la empresa Formación 2020.
También se encuentra en esa red Formación 2020 (propiedad 100% de UGT). Afortex es otra de las que han sido identificadas por los investigadores (cuyo administrador único es UGT). Foro de Formación y Publicidad de Extremadura SL se suma (perteneciente 100% a Foro de Formación y Ediciones S.L.). Y esta última, Foro de Formación y Ediciones SL (dependiente por completo de UGT).
Todas estas empresas servían de entes instrumentales para desviar fondos públicos hacia la financiación y enriquecimiento del sindicato con la apariencia de prestación de bienes y servicios que eran falsos. Porque, como acredita en su informe la UCO, actuaban en diversos campos y en todos ellos inflaban los gastos para quedarse con dinero.
Los gastos docentes, alquileres de locales, material didáctico o gastos asociados. Todas estas partidas servían para ser infladas y obtener financiación para la central sindical.
