El independentismo está dispuesto a tensar la cuerda. Así fue la orden que hace unas semanas dio el ‘expresident’ Carles Puigdemont y así se lo toman los actores soberanistas que juegan en el tablero catalán. De ahí que haya un escoramiento hacia posicionamientos radicales y se busque provocar situaciones de auténtica tensión. En los próximos meses, el radicalismo separatista irá a más y se preparan campañas cada vez más extremistas de acoso a antiindependentistas, ya sean personas, colectivos o empresas.
El documento ‘Estrategia y acción republicana 2018’, que Poble Lliure aprobó recientemente es buena prueba de esta exaltación de la independencia hasta límites insospechados. Poble Lliure es uno de partidos con más peso (junto a Endavant) dentro de la CUP. En ese documento estratégico, la izquierda anticapitalista afirma sin rubor que Cataluña es un país ocupado militarmente por España. “La ocupación es producto de la fuerza y la violencia ejercidas contra las personas y tiene un origen militar (¨…) En el caso de los Països Catalans, el primer momento de la ocupación fue la derrota de las instituciones de la tierra frente a los Borbones (1070-7114-1715), que consolidó un sistema de gobierno con un enorme peso del Ejército”.
Y continúa: “La ocupación militar se hace menos visible cuando el ocupante ha generalizado su marco mental y ha desplegado su aparato jurídicoadministrativo. Y solo es posible si cuenta también con la colaboración de una parte de la población de la nación dominada. Son los sectores que en los Països Catalans se han llamado, históricamente, ‘botiflers’ [traidores], vinculados en general a las clases dominantes autóctonas y aliadas con el poder ocupante”.
A continuación establece que las bases del régimen de la ocupación son cinco: pero la más importante es el control militar. “El instrumento fundamental es la represión policíaca y militar, que hemos citado antes. A menudo, se manifiesta en forma latente o como amenaza. Ante esta fuerza violenta, el movimiento popular opone resistencia no violenta activa”, añade el texto. Es, precisamente, esa estrategia de confrontación con el Estado la que pregonan los independentistas al unísono, desde el propio Puigdemont hasta el PDeCAT, pasando por ERC, la ANC, Òmnium o la CUP.
Cómo vencer la ocupación
Ante ello, los soberanistas afirman que lo que hay es un pulso al Estado. “Se trata de un pulso de legitimidades (…) El decantamiento del apoyo a la legitimidad republicana catalana se producirá cuando las fuerzas del régimen monárquico español comiencen a ver posible la implantación del nuevo poder que debilite la afección de sectores mayoritarios de la Administración, hacia el antiguo régimen”. Por tanto, la “conclusión práctica” para combatir y vencer a la ocupación se realizará de tres maneras:
A. Por la movilización constante (protesta, rechazo, denuncia, etcétera).
B. Por medio de la resistencia y la desobediencia a las decisiones del ocupante.
C. Mediante la obstrucción al funcionamiento administrativo y económico del poder opresor.
En esa estrategia coinciden no solo los anticapitalistas, sino los posconvergentes, los republicanos e incluso instituciones como el Parlament de Cataluña. Para muestra un botón: las reiteradas desobediencias de la Mesa a los fallos del TC no son un arma para reivindicar o aplicar la democracia, sino instrumentos de una diabólica estrategia de desgaste de las instituciones españolas, que antes fue detalladamente planificada por los partidos secesionistas. El paroxismo de esta estrategia llegó esta semana: es el rechazo a recibir las notificaciones personales de los tribunales por parte de los miembros independentistas de la Mesa del Parlament, aunque las notificaciones se realizan también de modo colectivo a la Mesa como órgano.
Así pues, en los próximos meses se dará un reguero de situaciones de tensión para dejar en evidencia a la Administración española. “Se trata de activar campañas de denuncia de diferentes formas de ocupación y de opresión: ocupación de las fuerzas militares y policíacas, del sistema judicial, de los partidos abiertamente implicados en la ocupación, etcétera”.
Pero no solo eso: se prepara otra campaña de “mociones municipales donde se declare persona non grata a todo aquel que se haya destacado por acciones represivas contra Cataluña”. De hecho, en Girona ya se comenzó con esta estrategia, declarando persona non grata al delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, natural de aquella ciudad. Esta campaña, criminalizando a los “malos catalanes”, ha tomado cuerpo en determinados estamentos del PDeCAT y de la CUP, aunque algunos cuadros de la propia ERC han alertado del peligro de realizar estas discriminaciones. También se han iniciado ya ‘operaciones’ similares contra Inés Arrimadas y Albert Rivera, en cuestionadas campañas que parecen sacadas de los manuales del fascismo del siglo XX.
Dictar hasta los eslóganes
La estrategia también incluye colocar placas de calles y plazas “con el nombre del 1 de octubre o con nombres de personas luchadoras ejemplares”. Y avisan los radicales: “El objetivo de la propaganda ha de ser el régimen monárquico español corrupto y contrario a las clases populares de Cataluña”. La primera de estas acciones ya tuvo lugar en Girona, donde la propia alcaldesa inauguró el pasado 21 de abril una plaza con ese nombre, eliminando el nombre de Plaza de la Constitución.
Otra de las vertientes es la difusión de eslóganes en los que se equipare a España con el franquismo. Algunos de los eslóganes planteados en el documento citado es ‘Fuera jueces franquistas’ o ‘La Monarquía, contra las pensiones. República’, ‘La Monarquía contra la escuela. República Catalana’, ‘Ciudadanos y PP contra las pensiones dignas’. “Los eslóganes han de ir acompañados de un lema identificador como ‘Por un pueblo libre’”, especifica el texto.
La campaña también incluye los acosos al juez Pablo Llarena y a su familia por parte de ultras independentistas o de organizaciones de extrema izquierda, como Arran, las juventudes de la CUP. Estas medidas incluyen también los ataques a medios de comunicación (la sede de Crónica Global fue asaltada) o los centenares de atentados contra sedes de partidos políticos constitucionalistas, como Ciudadanos, PSC y PP.
Campaña contra el Ibex
Se prepara, asimismo, otra campaña bajo el lema ‘Ibex-35. Ellos abusan, nosotros los plantamos’. El independentismo propondrá “el abandono masivo de las compañías del Ibex-35 o de capital franquista para dirigir el consumo a las empresas y compañías autóctonas o ‘neutrales’”. Se trata de una campaña cuyos motivos son desconcertantes. Decir, a estas alturas, que hay compañías de capital franquista es tan delirante como llamar fascista —y así se ha hecho— a Joan Manuel Serrat o al diputado Joan Coscubiela. Pero sí servirá para un fin mucho más prosaico: la exaltación del valor patrio.
En este campo, se harán campañas concretas de adscripciones a servicios por comarcas. Propone así “como objetivos primeros, los cambios sucesivos de compañía eléctrica (de Endesa a Som Energia, por ejemplo) y de gas (de Enagás, Endesa, Gas Natural a Catgas). Al mismo tiempo, se puede hacer el traslado de depósitos bancarios (de Banco Santander, Bankia, Bankinter, BBVA, Caixabank, Banc Sabadell… a Caixa d’Enginyers o alguna Banca ética catalana).
¿La sede del ‘Gobierno legítimo’, en Waterloo?
El documento termina señalando que “como consideración general, es preciso añadir que la economía del poder ocupante puede ser controlada o dificultada también por medio de acciones que pueden incidir en la fase de la distribución comercial, una práctica que pide un grado de organización y de preparación importante”. A buen entendedor…
Y como colofón: el pasado martes, la ANC emitió un comunicado oficial en el que señalaba que una representación de esta entidad “se reunió con los consejeros Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret en la sede del Gobierno legítimo en Waterloo”. De hecho, el Gobierno legítimo catalán tiene su sede en el Palau de la Generalitat. Los exconsejeros citados han sido destituidos mediante un artículo de la Constitución (y, por tanto, constitucional). Otra cosa es la normal discrepancia política que pueda haber desde determinados ámbitos sobre la conveniencia de ese cese.
Fuente: El Confidencial
