Etxerat, la asociación que agrupa a los familiares de los presos y los huidos de ETA, acusa de “falta de responsabilidad” al Gobierno de Pedro Sánchez al mantener la misma política penitenciaria y no trasladar a todos los reclusos a la cárcel alavesa de Zaballa.
Advierten que es un asunto que impide la resolución definitiva de lo que llaman el “conflicto” (y la llegada de “la paz”), que no es otra cosa que el terrorismo que practicó la banda criminal durante cuatro décadas.
“No hay ningún motivo en cuanto a legalidad, ni a condiciones de habitabilidad, problemas de masificación o cualquier otro que impida o condicione el traslado de nuestros familiares presos a la prisión de Zaballa. Pero por motivos que no llegan a declararse abiertamente, las cárceles de Euskal Herria siguen siendo un veto para nosotros y para nuestros familiares. Nosotros conocemos los motivos, los conoce cualquiera, aunque no quieran o no puedan admitirlos: aún es necesario mantener activa la dispersión para mantener activo nuestro sufrimiento”, afirman portavoces de dicha asociación en una entrevista.
“El gobierno español se apoya en el argumento de que actúa estudiando individual y detenidamente la situación de cada uno de los presos, pero está en cuestión la batalla del relato y, por lo tanto, la falta de responsabilidad, de altitud de miras y visión de estado verdaderamente democrático para propiciar los pasos definitivos hacia la resolución definitiva del conflicto, la convivencia y la paz”, agregan.
Uno de los argumentos que esgrimen para pedir ese traslado es el de los accidentes que sufren cuando van a ver a sus familiares, sin recordar que los más de 800 muertos que causó ETA sólo pueden ser
visitados en sus tumbas.
“Tan solo durante 2018 y el primer trimestre de 2019, 24 familiares, entre ellos un bebé, han resultado accidentados como consecuencia del riesgo impuesto por el alejamiento. Cada fin de semana nos vemos
obligados a asumir el riesgo de ponernos en viaje y somos víctimas potenciales”, afirman. Y se quejan del dinero que les cuesta: “ es indudable, asimismo, la sangría económica que acarrea en las familias
el mantenimiento de las políticas penitenciarias de excepción”.
Por lo que se refiere a los etarras que permanecen huidos de la Justicia, cuyo regreso se pretende sin que tengan que pasar por los tribunales de Justicia, señalan que “forma parte de nuestros retos para el presente curso. Familiares del deportado político de Santurce Jose Ángel Urtiaga han ofrecido su testimonio para denunciar las dificultades que tienen para poder viajar a Cuba por motivo de ser familiares de un deportado vasco (…) ya es hora de desbloquear de manera definitiva este asunto y se ponga fin, 34 años después, a una situación arbitraria. Se deben dar los pasos necesarios para que los 12 deportados políticos vascos (que están en la isla caribeña) puedan volver a Euskal Herria cuanto antes”.
Sobre lo que llaman la “reconciliación” con las víctimas que causó ETA, se muestran tajantes: “hoy por hoy, el paso definitivo para la resolución es la desactivación total de la dispersión. Mientras esto no se consiga, los derechos humanos siguen siendo vulnerados y cientos de personas seguimos siendo víctimas potenciales. Pero queramos o no, el proceso político nos implica como implica a toda la sociedad, y
además, nos afecta directamente (…) Nuestro compromiso es aportar al reconocimiento del sufrimiento, a la convivencia y al proceso de paz.
Sin perder de vista en ningún momento los que son nuestros dos objetivos prioritarios. Los queremos vivos y en casa. Que nunca más vuelva a pasar”. En una palabra, que primero hay que darles lo que piden y después ya se verá.
