El Gobierno de Pedro Sánchez ha establecido nuevos impuestos en medio de una economía en recesión, y perjudicado principalmente al salto tecnológico de las pequeñas y medianas empresas.
La implementación del Impuesto Sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD) atrajo fuertes críticas sobre quién verdaderamente terminaría pagando esta tasa, si la empresa o el consumidor.
Luego de mucha especulación, con un Pedro Sánchez que aseguraba que era «un impuesto empresarial» y que no afectaría a la población en general, tanto Amazon como Google han anunciado un incremento en las comisiones que le cobran a los usuarios finales, a modo de compensación por el nuevo marco impositivo y regulatorio establecido en el país.
Amazon trasladó la totalidad de la carga impositiva adicional a los vendedores externos, y esto implico un aumento de la tasa de referencia del 15% al 15,45% (prácticamente la totalidad del nuevo costo impositivo).
Además, la llamada “tasa Google” no será pagada por “grandes fortunas” o por las gigantes tecnológicas, sino que será fácilmente trasladada a las personas, como era de esperarse y como fue advertido antes de la aprobación del impuesto.
Google anunció un aumento del 2% en el precio de sus servicios a partir del próximo 1ro de mayo. Los nuevos recargos serán aplicados sobre la economía española y la francesa.
El impuesto aprobado grava a los servicios de intermediación en línea y la venta o distribución de datos generados a partir de la actividad de los usuarios con una tasa del 3%.
Este no es el único impuesto que ya grava estas actividades y las empresas han decidido aprovechar la nula competencia que existe en el sector tecnológico para trasladar parte de la tasa al consumidor.
Si bien Google decidió no trasladar la totalidad del impuesto sobre los usuarios, lo cierto es que trasladó la mayor parte y realizará un esfuerzo fiscal significativamente menor al que podría realizar una pequeña o mediana empresa con necesidad de realizar el salto hacia la digitalización.
Finalmente estos impuestos no hacen más que aumentar los precios del servicio y encima elimina potenciales competidores de las grandes empresas que no pueden darse el lujo de afrontar este costo.
Además, se espera un descenso en la productividad de las empresas españolas al tener más dificultades para consolidar la digitalización, y esto se adiciona a las ya muchas exigencias regulatorias y burocráticas a la hora de crear desde cero un emprendimiento.
El nuevo impuesto forma parte de todo un esquema tributario destinado a satisfacer la voracidad fiscal del Gobierno español, que se propone seguir con una agenda impositiva sumamente distorsiva, y en plena crisis económica.
Desde una postura globalista muchos políticos dentro de la Unión Europea reclamaron una “armonización tributaria”, es decir, la generalización del impuesto sobre los servicios digitales y la extensión de la voracidad fiscal a todo el viejo continente.
A fin de cuentas, la agenda en discusión supone deteriorar la competitividad de los países con impuestos medianamente razonables, en un intento desesperado por rescatar a aquellas jurisdicciones con verdaderos infiernos fiscales para las empresas.
