El partido Centro Izquierda de España (dCIDE) presentó ayer ante la Fiscalía de Alicante, denuncia en contra los responsables políticos Ximo Puig, Presidente de la Generalidad Valenciana, el Consejero de Educación Vicent Marzà y Miquel Soler. La denuncia se formula al apreciar hechos que pueden ser constitutivos de delito de desobediencia a la autoridad, y prevaricación. El partido dCIDE considera que la Consejería de Educación desafía al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) al desobedecer las disposiciones del Alto Tribunal que ordenó la suspensión cautelar del decreto del Programa de Educación Plurilingüe Dinámico.
Otras asociaciones y AMPA se han sumado a esta iniciativa del partido de Centro Izquierda de España (dCIDE) y esperan el respaldo del Gobierno central y de los partidos que se oponen a la norma, porque entienden que se sigue imponiendo la lengua en un curso de Infantil.
Varias asociaciones contrarias al decreto de plurilingüismo han criticado que el Consell, con el nuevo decreto-ley aprobado este viernes, «está tomando el pelo» a los padres y al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), y piden al Gobierno central y a los partidos políticos que comparten su rechazo a esta norma que lo recurran al Tribunal Constitucional.
Consideran que «incumple» lo señalado por el TSJCV en el ámbito autonómico y sostienen que «lo único que diferencia a una y otra norma es la nomenclatura y el número de niveles».
Las plataformas No al Decretazo Sí a la Elección, Crevillent por la Libertad Lingüística, Igualdad Lingüística Calpe, Asociación por la Defensa del Castellano C.V., así como las AMPA Vega Baja y Torrevieja y el partido Centro Izquierda de España (dCIDE) han afirmado que al conseller de Educación, Vicent Marzà, «parece que se le ha olvidado que la suspensión cautelar -del decreto de plurilingüismo decidida por el TSJCV- y dicha orden afectan a todos los niveles de educación».
Las entidades creen que el «órdago lanzado por el tripartito al Estado de Derecho», a través de ese decreto-ley, «debe obtener una respuesta por parte de los grupos políticos parlamentarios contrarios al decreto y por parte del Gobierno central, «ya que son los únicos con potestad para elevarlo al Tribunal Constitucional».
Excepciones
En esta línea, critican que la nueva medida «paraliza la aplicación del decreto a partir de cuatro años pero «lo siguen implantando en las aulas experimentales de dos años y en el primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil, tres años, a través de un decreto-ley».
Asimismo, lamentan que en ningún caso se les ha ofrecido la posibilidad de consulta, que exigen que haga ante el inicio de curso. A su juicio, el Ejecutivo autonómico «ha apurado los tiempos para intentar evitar que los que son contrarios a su norma puedan reaccionar, para poder así imponer un modelo que cuenta con la desaprobación de la mayor parte de los ciudadanos de la Comunitat».
