Se reducen las esperanzas de una salida negociada a la crisis en Cataluña

Barcelona

A tres días de que el Senado español apruebe la intervención del autogobierno de Cataluña para atajar una posible secesión, Madrid y Barcelona mantenían un tira y afloja ante una posible comparecencia del presidente regional catalán en la Cámara Alta.

A pedido del gobierno conservador de Mariano Rajoy, el Senado debe dar luz verde el viernes a unas medidas sin precedentes en 40 años de democracia, decididas al amparo del artículo 155 de la Constitución española. Una de ellas es la destitución en bloque del ejecutivo regional, dirigido por el independentista Carles Puigdemont.

También se ha solicitado poner bajo tutela la actividad del Parlamento catalán, dominado por los secesionistas, y la toma de control de la policía catalana y los medios públicos de comunicación.

Antes de la aplicación de estas inauditas medidas, el portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull, dijo este martes que Puigdemont quiere expresarse en el Senado, aunque no garantizó que vaya a hacerlo.

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“La voluntad es ir a poderse explicar, contestar esta acción del Estado español pero (…) no les puedo asegurar si materialmente va a ser posible o no”, dijo Turull.

El Senado, donde el Partido Popular de Rajoy tiene mayoría, ha ofrecido a Puigdemont hablar o bien el jueves ante una comisión o bien el viernes ante el pleno de la cámara, en Madrid. En ambos casos, le daría la réplica un miembro del gobierno.

En el pleno, concretamente, “es muy posible que venga el presidente del gobierno”, apuntó el vicepresidente del Senado, Pedro Sanz.

El problema es que el horario programado coincide con un pleno en el Parlamento catalán, en Barcelona, al que también tiene que asistir el presidente regional.

Dicho pleno, propuesto por los mismos independentistas para el jueves, tiene como objetivo responder a la aplicación del artículo 155. La fecha dependerá finalmente de si Puigdemont va o no a Madrid.

Los independentistas no han dejado de amenazar con dar cumplimiento al “mandato” emanado del referendo de autodeterminación ilegal del 1 de octubre.

La consulta no tuvo garantías -entre otras cosas no se aseguró el voto secreto ni hubo autoridad electoral independiente- pero el gobierno regional asegura que hubo un 90% de síes a la secesión, con una participación del 43%.

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Más allá de ese posible debate en la cámara alta, las dos partes se mantienen firmes.

Turull anunció este martes una salva de recursos, empezando por uno ante el Tribunal Constitucional, alegando que el gobierno central se sobrepasa con las medidas que va a someter al Senado.

Igualmente, el gobierno catalán solicitará al Tribunal Supremo la suspensión cautelar y por la vía urgente de la aplicación del artículo 155.

Por su lado, el gobierno español hizo saber que ya no es suficiente con la vía de salida que le ofreció la semana pasada a Puigdemont: convocar elecciones regionales anticipadas para evitar la suspensión del autogobierno catalán.

“En este momento el incumplimiento de las obligaciones del señor Puigdemont no se soluciona simplemente convocando elecciones”, advirtió el ministro de Justicia Rafael Catalá a la radio pública RNE.

Del lado secesionista, Puigdemont se enfrenta a la presión de los más recalcitrantes, que le piden que cumpla “el mandato” del 1°. de octubre y ponga sobre la mesa una declaración unilateral de independencia.

Parte de esa presión viene del partido de extrema izquierda CUP, cuyo apoyo parlamentario es indispensable para la coalición de gobierno catalana, que no llega a la mayoría absoluta en la cámara regional.

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Un diputado regional de esta formación, Carles Riera, explicó este martes que las elecciones anticipadas es una de las dos opciones que “están encima de la mesa”, junto con la autodeterminación.

Pero dejó claro que para ellos un adelanto electoral sería “el peor escenario”, y que si se concreta, la CUP “no sólo no colaborará sino que además nos tendrán en la oposición”.

En paralelo, Puigdemont sigue soportando la presión de los medios económicos, muy nerviosos, como demuestra el dato de que casi 1.400 empresas sacaron sus sedes sociales de Cataluña desde comienzos de mes.

CaixaBank, el tercer banco más importante de España, reconoció este martes que trasladó su sede social de Cataluña a Valencia ante los retiros de clientes nerviosos por la incertidumbre política en la región.

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