La reciente condena a tres años de cárcel para el exabogado de Donald Trump por pagos ilegales y por mentir al Congreso, en casos que apuntan al presidente, es solo un detalle en la serie de hechos que podrían impulsar un juicio político o «impeachment».
La investigación del fiscal especial Robert Mueller llevó hasta ahora a la acusación y acuerdo de culpabilidad del abogado Michael Cohen y otros cercanos al presidente, como su jefe de campaña Paul Manafort.
¿Qué es un juicio político?
Un juicio político es básicamente una herramienta de la Constitución estadounidense, que en su capítulo II, sección 4, consagra la posibilidad de que un presidente, vicepresidente o cualquier cargo público sea removido mediante proceso político que comienza en la Cámara de Representantes y concluye en el Senado si se prueba que el acusado incurrió en «traición, soborno, u otros delitos o faltas».
El impeachment se inicia con la petición de uno o varios miembros de la Cámara de Representantes y debe aprobarse por una mayoría simple, es decir, no requiere dos tercios de los votos. A partir de enero la Cámara de Representantes contará con mayoría demócrata.
De avanzar, este tipo de proceso continúa en el Senado, y para que termine en la destitución del cargo en cuestión deberá tener dos tercios de los votos. En el Senado, donde los republicanos han ampliado su mayoría de 53 a 47, no hay indicios de que ningún republicano considere seriamente votar por la destitución del presidente.
La confesión de Cohen, quien pasó de ser hombre de confianza de Trump a cooperante de la fiscalía y del fiscal Mueller, destapó el pago ilegal a dos mujeres que supuestamente tuvieron relaciones con el presidente y que según los fiscales violó las leyes de financiamiento de la campaña electoral de 2016.
Trump ha refutado enfáticamente las declaraciones de Cohen sobre el tema: «Nunca ordené a Michael Cohen que infringiera la ley. Era abogado y se supone que debe conocerla. Se llama ‘consejo de un abogado’, y un abogado tiene una gran responsabilidad si comete un error», escribió Trump en Twitter el pasado 13 de diciembre.
Lea: Exabogado de Trump sentenciado a tres años de cárcel por realizar pagos secretos.
Cohen también sacó a flote el plan del mandatario para levantar una torre Trump en Moscú. Trump ha insistido en que no tenía negocios con Rusia.
Algunos políticos y expertos creen que estos hechos marcan un punto de no retorno en el camino al juicio político, pero otros consideran que es poco probable que estemos cerca de este desenlance en virtud de que las pruebas no son suficientes.
Lea: Cohen sobre Trump: Me ordenó que hiciera los pagos y sabía que eran incorrectos.
El principal demócrata en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, de Nueva York, dijo a comienzos de diciembre que cree que sería una «ofensa impugnable» si se demuestra que Trump dirigió pagos ilegales a mujeres durante la campaña de 2016. A la vez advirtió que no es claro si es suficiente para que arranque un juicio político.
En entrevista con la Voz de América, el profesor titular de Ciencias Políticas del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida (FIU), Eduardo A. Gamarra, dijo que mientras no se conozca el informe del fiscal Mueller todo lo que se diga es «especulación», pero advirtió que los resultados preliminares revelados en la primera semana de diciembre de 2018 marcan un giro en los acontecimientos.
«Creo que sí ha surgido la gran posibilidad de que el presidente sea acusado», dijo Gamarra durante una entrevista telefónica.
«Ya sabemos que hay una pila de gente ya no solo cumpliendo sentencias y muchísima gente acusada formalmente en esta investigación. Francamente, creo que le va a ser muy difícil, en mi opinión, que no le encuentren algún rastro de algo que lleve a que se inicie el proceso», indicó el analista.
Pesquisa de Mueller
La investigación de Mueller comenzó en mayo de 2017 y desde entonces entre los acusados también están 12 oficiales de inteligencia rusos por eventual robo de correos electrónicos a políticos demócratas, además de otros 13 ciudadanos rusos y tres entidades de ese país a los que se les acusa de manipulación en las elecciones de 2016 para apoyar a Trump.
A la espera de una sentencia está el exasesor de Seguridad Nacional de Trump, el general retirado Michael Flynn, que se declaró culpable en diciembre de 2017 de mentir a los agentes del FBI sobre sus conversaciones con Sergei Kislyak, anterior embajador de Rusia en Washington. Su caso es parte de la pesquisa de Mueller acerca de si hubo o no colusión entre el equipo de campaña de Trump y Rusia antes de la elección de 2016.
Lea: Informe al Senado: Rusia usó principales redes sociales para ayudar a ganar a Trump.
El profesor de leyes de la Universidad de Georgetown, David Super, reiteró que según la Constitución estadounidense, un presidente puede ser acusado.
«La noción de que el soberano es inmune al proceso legal es una característica de la monarquía que este país rechazó cuando estableció una república», dijo Super.
El experto comentó que si bien un presidente «no será y no deberá ser acusado» por delitos técnicos menores, es probable que los fiscales reconsideren sus tácticas si descubren «delitos graves».
Varias de las organizaciones del entorno presidencial están bajo investigación, incluyendo su empresa privada, la campaña presidencial por la supuesta intervención rusa y el comité inaugural de Trump que está bajo la pesquisa de Mueller por donaciones ilegales en el extranjero.
Trump ha criticado la pesquisa que lidera Mueller y ha dicho que es «una caza de brujas».
El diario The Wall Street Journal informó el pasado jueves 13 de diciembre que fiscales federales están investigando si el comité inaugural de Trump malgastó parte de los 107 millones de dólares que recaudó de los donantes.
La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, refutó el asunto indicando que ni Trump ni su esposa Melania tienen nada que ver: «Lo más importante que hizo el presidente al comprometerse en la inauguración fue venir aquí, levantar la mano y prestar juramento», dijo Sanders a periodistas.
Lea: Fiscales federales investigan gastos de inauguración de Trump: WSJ.
En junio pasado la procuradora general demócrata Barbara Underwood había pedido la disolución de la Fundación Trump, alegando «conducta ilegal persistente» y que era «poco más que una chequera para servir los intereses políticos y comerciales de Trump». Además de su disolución reclamaba el pago de 2.8 millones de dólares en restitución.
Lea: Fiscal general de Nueva York demanda a Fundación Trump.
Trump respondió pronto en twitter: «Los sórdidos demócratas de Nueva York, y su ahora deshonrado (y fuera de la ciudad) fiscal general Eric Schneiderman, están haciendo todo lo posible para demandarme por una fundación que recaudó $ 18.800.000 y donó a caridad más dinero del que tomó, $ 19.200.000. ¡No zanjaré este caso!».
Lea: Trump a los demócratas: «Si me investigan no habrá acuerdos».
La fiscal general Underwood informó el martes 18 de diciembre que el presidente Trump disolverá su fundación bajo la supervisión de la corte. La demanda que es también contra los hijos mayores de Trump, Donald Jr., Eric e Ivanka, se basó en una investigación de 21 meses. Underwood dijo que descubrió «una extensa coordinación política ilegal» entre la fundación y la campaña de Trump.
Además dijo que Trump cedió el control a su campaña de unos 2.8 millones de dólares donados a la fundación en una recaudación de fondos en Iowa en 2016 para veteranos militares. Otros gastos impugnados incluyeron 100.000 dólares para resolver una disputa que involucró al resort Mar-a-Lago de Trump y 10.000 dólares para un retrato del presidente que luego se colgó en uno de sus campos de golf.
Hasta el momento de redactar esta nota no había reacción de Trump o de la Casa Blanca.
A Trump le persigue también el juicio contra Manafort, su exjefe de campaña que se declaró culpable de mentir a los investigadores federales sobre sus contactos con el asociado ruso-ucraniano Konstantin Kilimnik y los esfuerzos de éste por manipular a los testigos, las circunstancias que rodean el pago de 125.000 dólares a una firma que trabaja para Manafort y los contactos de éste con funcionarios del gobierno de Trump.
Cohen y Manafort son dos de los cinco allegados de Trump acusados por el equipo de Mueller.
Lea: Investigación de Mueller apunta a numerosos vínculos entre asociados de Trump y Rusia.
Gamarra cree se está cerrando el cerco en la medida en que avanza la pesquisa de Mueller.
«El problema es que hay enormes indicios francamente de corrupción y sino de tradición, y eso es lo peor. Cuando hablamos de qué se le puede acusar, pues es de traición de lo que mucha gente está hablando. Es bastante preocupante», dijo el experto.
«Es la primera vez que se le acusa al presidente Trump de haber tenido actividad criminal, no amoral, no inmoral (…) que al final es conducta personal y no va a ser llevado a juicio político por eso», agregó.
Lea: Legisladores opinan sobre si «pagos ilegales» son suficientes para impugnar a Trump.
Pero la líder del bloque demócrata, Nancy Pelosi, por ejemplo, ha catalogado de «divisionista» un eventual juicio político contra Trump y explicado que si existen las bases para una impugnación «debería ser evidente de por sí para demócratas y republicanos».
El juicio, la historia y el contexto
Solo dos presidentes estadounidenses han sido llevados a juicio político. El primero fue Andrew Johnson en 1868 y el segundo fue contra Bill Clinton en 1998. Ninguno de los dos llegaron a ser destituidos porque el Senado no alcanzó los votos requeridos de dos tercios para incriminarlos.
El contexto actual es particularmente complejo, en una nación donde las opiniones se han ido polarizando. Los que siguen a Trump creen que existe un complot demócrata para atacarlo y avivan teorías de la conspiración. Los detractores del presidente sostienen que su política plantea serios desafíos a la democracia y a la seguridad nacional.
Un grupo de 44 exsenadores estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, por ejemplo, advirtieron el 10 de diciembre sobre el inicio de «un período peligroso», en un artículo de opinión publicado en el diario The Washington Post.
Lea: EE.UU.: Exsenadores advierten sobre «período peligroso» por venir.
«Estamos en un punto de inflexión en el que los principios fundamentales de nuestra democracia y nuestros intereses de seguridad nacional están en juego, y el estado de derecho y la capacidad de nuestras instituciones para funcionar de manera libre e independiente deben ser respetados», dijo el texto que incluyó entre otros la opinión de los demócratas John Kerry, Tom Daschle y Chris Dodd, y de los republicanos John Warner, Richard Lugar y Chuck Hagel.
El grupo exhortó a los actuales senadores a ser «guardianes de nuestra democracia» y a no permitir que la afiliación partidista interfiera en los intereses del país en medio de una «coyuntura crítica».
