El nuevo jefe del Ministerio Público, Carlo Díaz, habló claro ante los magistrados de la Corte Plena cuando lo entrevistaron como aspirante al cargo. Repasó hechos conocidos o intuidos por amplios sectores de la ciudadanía. En suma, la Fiscalía General está en deuda con el país y le urge una reorganización.
Entre el 2014 y el 2021, la cantidad de expedientes circulantes se duplicó y hay casi 80.000 casos en fila. También señaló retrasos en 24 fiscalías, incluidas varias en las zonas más pobladas. En esas circunstancias, aseguró, el Poder Judicial no puede concretar el mandato constitucional de justicia pronta y cumplida.
Tiene razón, pero junto con la garantía de un proceso expedito, la sociedad espera un freno a la impunidad. La ausencia de castigo cuando corresponde causa frustración y debilita la confianza en el sistema democrático y las instituciones. Sucede en los casos más pequeños, como el hurto impune por mal manejo de la prueba, pero produce las consecuencias más dañinas cuando los grandes procesos de corrupción fracasan por el paso del tiempo o errores de la Fiscalía.
Seguramente por eso Díaz planteó como prioritaria la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. “No está dando la talla”, respondió a una pregunta del magistrado Fernando Cruz, y prometió un sistema de seguimiento para medir el avance de los procesos, especialmente los más complejos.
Con ese planteamiento se adentró en un terreno donde las últimas dos jefaturas del Ministerio Público tuvieron fricciones con los magistrados. Se trata de la rendición de cuentas de la Fiscalía en materias relacionadas con el flujo de trabajo y no los detalles de los casos, que no pueden ser sometidos al mismo escrutinio sin poner en entredicho la independencia de los fiscales.
Díaz dijo estar dispuesto a rendir cuentas ante la ciudadanía y la Corte Plena mientras se respeten las disposiciones del artículo 295 del Código Procesal Penal, según el cual no es posible entrar en detalles, pero sí informar del avance de una investigación. Ese fue el motivo de un encendido debate entre el exfiscal Jorge Chavarría y el magistrado Cruz durante una sesión de la Corte Plena. El compromiso asumido por Díaz es importante porque resuelve la discusión y deja establecida la voluntad de explicar los atrasos. “Es un ejercicio democrático, sin detalles que afecten la investigación o la personalidad de las personas involucradas”, puntualizó.
La disposición a discutir un aspecto tan fundamental de la labor del Ministerio Público es totalmente compatible con la promesa de ejercer “un liderazgo ajeno a toda presión indebida”, pero implica una renuncia a esconder detrás del velo de la independencia la ineficacia y el atraso de los expedientes.
Si bien las declaraciones de Díaz surgieron en el marco de una entrevista para obtener el cargo, no hay razón para poner en duda su sinceridad. Tiene un cuarto de siglo de carrera en el Ministerio Público y, probablemente, alguna participación en los errores que se propone corregir. Esa experiencia y la voluntad de expresarse con franqueza son valiosos atributos para quien promete una gestión transformadora.
Ojalá la logre, porque de eso depende el fortalecimiento de la confianza en el Ministerio Público y, por extensión, en la Corte y el sistema democrático. Nada hay de exageración en lo dicho. Pocas cosas son más dañinas que la percepción de la administración de justicia como generadora de impunidades.
