La cédula de identidad vencida debería ser el menor de los inconvenientes para recibir atención médica en los centros de la Caja Costarricense de Seguro Social; sin embargo, ocurrió en Emergencias de la Clínica Jorge Volio, en San Joaquín de Flores, provincia de Heredia, y en el Ebáis 3 de San Rafael de La Unión, en Cartago.
La injusticia está acreditada. Odilie Moya Selva, de casi 100 años, acudió a una cita el lunes 20 de febrero, sufría una infección urinaria en evolución y le ocasionaba dolores al orinar. Ella es paciente del Ebáis, donde le negaron la atención porque el documento de identidad venció el 31 de enero del 2021. Desafortunadamente, no fue el reconocimiento de su derecho humano a la salud el motivo por el cual fue atendida posteriormente, sino una publicación en las redes sociales y la intervención de una médica, quien se enteró aparentemente por uno de los familiares de Moya que lo denunció en un chat de colegas profesionales en medicina. El gesto de la experta debe ser aplaudido, mas es lamentable la actuación del personal de la CCSS y de sus jerarquías, por imposiciones de esta naturaleza.
La experiencia de María José Herrera Díaz no solo fue una flagrante violación de un derecho humano, sino también la exposición a más personas al contagio de la covid-19. En la familia de Herrera, de 42 años, ninguno se graduó en medicina, pero con la sabiduría echada de menos en el funcionariado de la CCSS, entendieron que enviarla a “hacer filas” exponía a otros al virus. Aunque los síntomas eran sospechosos —fiebre, malestar general, diarrea, dolor de garganta y pérdida de olfato—, “no hubo poder humano para que la atendieran”, denunció Marlene Díaz Vargas, madre de Herrera. Su hija —relató Díaz a La Nación— trató de obtener ayuda de la Contraloría de Servicios de la clínica y la jefatura médica, pero la única receta recibida fue ir al Registro Civil a renovar el documento.
Dos casos son suficientes para lamentar la falta de compasión ante el dolor ajeno en una institución tan necesaria para la sociedad, tanto que se encuentra entre las que obtuvieron las mejores notas en cuanto a confianza en una encuesta divulgada en mayo del 2021 por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica.
La confirmación de la identidad de Moya Selva, por lo demás, era posible en el momento. Es paciente regular del Ebáis y su expediente lo demuestra. Como explicó Emilia Mora, directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), pudieron haberla corroborado revisando la foto, a la persona o confirmando con el familiar que la acompañaba. Incluso, la tecnología para el reconocimiento facial y de huellas está disponible desde hace tiempo, pero ese es otro retraso institucional en contra del asegurado. A Herrera, al menos por sospechas de haber contraído el virus SARS-CoV-2, era urgente diagnosticarla, proveerle los medicamentos y estar al tanto de su evolución.
El documento es innecesario cuando la salud está de por medio, primero la atención y luego la “validación de derechos”, esto es, si la persona paga a la seguridad social. Aun si fuera lo contrario, el Estado costarricense nunca ha sido mezquino para tender la mano a quien la necesite. Para eso cotizamos 1,5 millones de personas. La crisis de la CCSS es un problema grave, pero de ninguna forma es excusa para enviar a un ser humano a penar en el hogar o incluso poner en riesgo su vida. Llevado al absurdo, imaginemos qué sería de los accidentados si la Cruz Roja, antes de darles los primeros auxilios, exigiera buscar el documento vigente y, en caso de caducidad, dejara a las personas a su suerte.
Con mejor criterio, durante la etapa más grave de la pandemia de covid-19, el Tribunal Supremo de Elecciones amplió hasta el 1.° de mayo del 2022 la vigencia de las cédulas de identidad, incluso las admitió prescritas para votar en las elecciones de febrero y abril de ese año. Tener un documento de identidad al día puede ser imprescindible, por ejemplo, cuando se viaja, para efectuar un trámite bancario o pedir una factura timbrada, pero jamás en las que llevaron a Odilie Moya Selva y María José Herrera Díaz a acudir a la CCSS.
La Junta Directiva debe revisar sus directrices para garantizar el derecho a la salud, que claramente se encuentra sobre los requisitos formales de la identificación de la persona, para evitar situaciones como las descritas, e incluso desenlaces fatales.
