Luego de cuatro años de austeridad fiscal, es claro que el país sigue teniendo un grave problema de endeudamiento público que reduce la capacidad del Estado para invertir en nuevo desarrollo humano e, incluso, mantener las políticas sociales. No nos alcanza con “socarnos la faja”, pues la crisis de las finanzas públicas es más de fondo. Por muchas razones, el Estado costarricense, tal como lo conocemos, tiene serios problemas de viabilidad a largo plazo.
El problema candente es cuáles son los cambios en el Estado que las mayorías ciudadanas aceptan o están dispuestas a hacerlo. Y, en especial, ¿para recibir qué y con cuáles compromisos de calidad? En la campaña electoral, la mayoría de los partidos ofrecieron el oro y el moro pero guardaron silencio sobre el tema. Y los que dijeron algo se limitaron a ideas generales, sin mayor claridad, sobre cómo estas resolverán los problemas.
El país está “en mantillas” en el proceso de construcción de acuerdos políticos de amplio espectro sobre las reformas del Estado, fundamental para dar garantías a la ciudadanía de que esas reformas servirán para mejorar la calidad y eficiencia de la política pública y no simplemente un “entrar a patadas” al Estado para ver cómo logramos estabilidad fiscal. Y, cuando no hay trabajo político, ese batir barro en procesos de diálogo político sube el riesgo de la vía fácil de las ocurrencias, que pueden ser integrables o no dentro de un programa de reformas: vendamos esta institución, consolidemos tales otras en una sola, fundemos una nueva entidad, traslademos tales funciones al ministerio cual. Un hacer que hacemos.
En el 2018, más de 300.000 personas participaron en el votómetro, un ejercicio promovido por el Estado de la Nación. Entre otras conclusiones, resalto dos de ellas: amplias mayorías quieren que el Estado siga manteniendo una robusta participación en el desarrollo económico y social del país; por otra parte, acuerdo casi completo acerca de la necesidad de introducir profundos cambios en la gestión de las instituciones, su transparencia y en la evaluación de resultados.
En síntesis, la ciudadanía quiere Estado, que no lo desmantelen, pero no quieren el Estado que tenemos. Menudo dilema por resolver tienen el gobierno y los partidos. Pero si algo me queda claro es que afrontamos un campo minado en el que el riesgo de malpraxis política es elevado.
El autor es sociólogo, director del Programa Estado de la Nación.
