El fiscal general, Carlo Díaz, solicitó el 20 de enero a los magistrados de la Sala III tramitar el levantamiento de la inmunidad al ministro de Justicia, Gerald Campos, para que afronte una acusación por presunto peculado.
Si el máximo tribunal penal le da curso a la petición, el levantamiento del fuero sería sometido a votación en la Asamblea Legislativa.
Actualmente, este jerarca del gobierno de Rodrigo Chaves también concursa para ser director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El fiscal Carlo Díaz explicó que la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) presentó una acusación contra Gerald Campos antes de que él se integrara al gabinete y que ya existía una solicitud de apertura de debate ante el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José.
Cuando asumió el cargo de ministro, el procedimiento pasó a la Fiscalía General, la cual debe asumir el caso con un procedimiento especial por tratarse de un miembro de uno de los supremos poderes.
“Al recibir nosotros el expediente y por estar con acusación, simplemente lo que hicimos fue dar traslado a algunas cuestiones administrativas y, una vez que concluimos con esto, se remitió el expediente a la Sala Tercera para que ellos hagan el procedimiento correspondiente”, afirmó el fiscal general a La Nación.
“Si se la levantan, estaríamos en espera de un juicio”, agregó. De lo contrario, habría que esperar a que se le venza el fuero.
Los juicios contra miembros de supremos poderes se efectúan en la Sala Tercera. La oficina de prensa del Poder Judicial comunicó que la causa contra Campos ingresó a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia el 25 de enero anterior y este despacho la trasladó a la Sala de Casación Penal con una solicitud de informe, que se encuentra en estudio.
Antes de ser ministro, Gerald Campos se desempeñaba como subdirector del OIJ.
Según había publicado el medio CRHoy.com, la causa contra el ministro se abrió en el 2016 y obedece a un presunto cobro excesivo de viáticos por parte de él y de quien era su guardaespaldas, un funcionario de apellido Jara, así como un pago desmedido de horas extra al custodio.
La investigación, citó el medio, reveló que el guardaespaldas cobró ¢5,8 millones en horas extra de abril del 2016 a enero del 2017, mientras que devengó ¢800.000 en viáticos.
Gerald Campos, por su parte, cobró ¢900.000 en viáticos.
Además, la pesquisa señalaba la aparente inserción de datos falsos en las hojas de liquidación de gastos de viaje en el interior del país, en los rubros de desayunos, almuerzos o cenas.
Ofreció renunciar a la inmunidad
El 3 de mayo del 2022, cuando la Corte Plena otorgó permiso a Gerald Campos para asumir el cargo de ministro, los magistrados discutieron sobre la causa activa en su contra en el expediente N.° 16-000017-1218-PE.
En una videollamada justo antes de la votación, Campos dijo a los magistrados que renunciaría a su inmunidad como ministro para afrontar el proceso judicial.
Corte Plena da permiso a Gerald Campos para integrarse a gabinete
“Renuncio a cualquier tipo de inmunidad que me corresponda producto del nombramiento como ministro si la Corte al final decide otorgarme el permiso. Siempre he sido muy claro, muy transparente, he dado las explicaciones, y yo soy el más interesado en que esta causa ya culmine, que sea la última causa del sinnúmero de causas que se abrieron desde hace cinco y seis años”, afirmó el futuro ministro.
La Nación consultó al encargado de prensa del jerarca al respecto, pero este indicó que de ese tema se encarga la defensa legal de Campos. Este medio dejó un mensaje a uno de sus abogados.
Proceso en Asamblea
Para tramitar el levantamiento de la inmunidad de un ministro, el plenario legislativo debe elegir una comisión de tres diputados. Este grupo recibe tanto las pruebas del acusador como del acusado y emite un informe para la Asamblea Legislativa, en el que recomienda o no el levantamiento de la inmunidad. Las sesiones de este órgano son secretas.
Luego, el informe de la comisión será leído en sesión secreta en el plenario y este decide si levanta o no la inmunidad. Para hacerlo, se requiere del voto de dos tercios de los legisladores.
