Caracas
La fiscala general venezolana, Luisa Ortega, arreció este lunes su confrontación con el gobierno de Nicolás Maduro, al acusar al máximo tribunal de justicia de agravar, con su parcialidad, la violenta crisis que sufre Venezuela desde hace dos meses y medio.
Ortega, confesa chavista ahora considerada «traidora» por el gobierno, impugnó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el nombramiento de 33 de sus magistrados, por considerar que esa designación se produjo en un proceso «irregular», en diciembre del 2015, por el entonces saliente Parlamento de mayoría oficialista.
«La falta de legitimidad de esos magistrados es lo que afecta su idoneidad, su imparcialidad; es, sin duda, un factor que ha contribuido a que el TSJ no dé soluciones efectivas al país, sino por el contrario lo que se encarga es de acelerar la crisis», declaró la funcionaria.
En una maratónica sesión extraordinaria, en víspera de la Navidad del 2015, la Asamblea Nacional, entonces dominada por el oficialismo, nombró y juramentó a 13 magistrados titulares (de un total de 32) y 20 suplentes, pocos días antes de que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD, opositora) tomara el control del cuerpo legislativo.
La fiscala pretende que los 33 magistrados cuyo nombramiento objeta se abstengan de decidir en este caso. «Espero que el tribunal entre a decidir esta nueva solicitud que estoy haciendo y que se inhiban los magistrados involucrados», dijo.
La oposición siempre ha acusado al TSJ de servir al gobierno, pero los señalamientos de Ortega vienen a profundizar no solo las fracturas del chavismo, sino la severa crisis institucional que vive Venezuela desde que la oposición logró una aplastante mayoría parlamentaria, por primera vez en 18 años de hegemonía chavista.
Curso de colisión. Ortega, abogada de 59 años, se ha convertido en la más dura crítica del gobierno de Maduro, en momentos en que enfrenta violentas protestas opositoras que exigen su salida del poder, y que dejan 66 muertos en dos meses y medio.
La fiscala se distanció de Maduro desde que el 31 de marzo consideró una «ruptura del orden constitucional» un fallo con el TSJ se adjudicó las funciones del Parlamento, la chispa que encendió las protestas.
La funcionaria impugnó el nombramiento de los magistrados poco después de que el TSJ declaró «inadmisible» un recurso de nulidad que interpuso el pasado jueves contra la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Maduro. «Ni siquiera entra a analizar el fondo», lamentó Ortega.
El TSJ argumentó que ese recurso contenía una «inepta acumulación de pretensiones» y frenó así una movilización de venezolanos que, convocados por la MUD, pretendían adherirse a esa solicitud y formalizar su rechazo a la Constituyente.
El fallo se produjo al mismo tiempo que grupos de manifestantes marchaban hasta la sede del alto tribunal para exigir la anulación del proceso constituyente.
La movilización opositora fue contenida por cientos de agentes de la Guardia Nacional que bloquearon con vehículos blindados los alrededores de la sede del Tribunal.
Muy cerca del piquete de la Guardia Nacional, los manifestantes fueron repelidos por los llamados «colectivos» -grupos armados afines al gobierno que circulan en motocicletas- que intimidaron física y verbalmente a los asistentes, incluidos los periodistas. Esos grupos lanzaron petardos y otros fuegos artificiales contra los manifestantes para obligarlos a dispersarse.
Inclusive, manifestantes encapuchados incednarion parcialmente un edificio administrativo del TSJ. Los atacantes lanzaron piedras y coccteles molotov contra el edificio de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en Chacao, lo cual produjio las llamas en la fachada.
«No quieren que el pueblo se manifieste en contra de la Constituyente, que se vea la cantidad de gente que la rechaza», declaró María Rodríguez.
Según una encuesta de Datanálisis, 85% de los venezolanos rechaza modificar la Constitución de 1999.
El gobierno «le tiene miedo a la movilización del pueblo y están profundizándose las divisiones dentro del chavismo», expresó el vicepresidente legislativo, el opositor Freddy Guevara.
La sentencia «despeja toda duda sobre ausencia de remedios judiciales», opinó el constitucionalista José Ignacio Hernández.
«Inepta significa que es incapaz», manifestó irónicamente el poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello, candidato a la Constituyente, al asegurar que la fiscala presentó un recurso «sin fundamentos».
Ortega rechaza la Constituyente, al considerar que su convocatoria y la definición del sistema de elección de los asambleístas (545) no son potestad de Maduro sino de los venezolanos consultados en referendo, como hizo el presidente Hugo Chávez -fallecido en 2013-, con la Carta Magna de 1999.
En un abierto desafío a Maduro, la fiscala, a quien apoyan figuras del chavismo disidente, llamó entonces a la población a oponerse a la Constituyente.
Mencionándola por primera vez por su nombre, el presidente socialista aseguró el domingo que la funcionaria se convirtió «en la líder de opinión de los sectores opositores» a la Constituyente.
«La falta de legitimidad de esos magistrados es lo que afecta su idoneidad, su imparcialidad». Luisa Ortega, fiscala general de Venezuela
«La conducta del gobierno hacia la fiscala sigue subiendo el volumen para que la comunidad internacional termine de entender la gravedad de la crisis venezolana», aseguró el líder opositor Henrique Capriles, tras prometer más manifestaciones.
La MUD descartó participar en la Constituyente al considerarla un «fraude» con el que -asegura- el chavismo pretende hacer una Carta Magna «a la cubana» para perpetuarse en el poder.
La oposición sostiene que el chavismo busca asumir el control de la Asamblea Constituyente porque será un «suprapoder» una vez sea elegida el 30 de julio. Según oficialistas, entre sus primeras tareas estará destituir a la fiscal.
