El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela informó este martes que el Presupuesto Nacional del año 2017 deberá ser presentado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, ante la Sala Constitucional bajo la normativa de Decreto que tendrá rango y fuerza de ley.
Esto ante el desacato constitucional que mantiene un grupo mayoritario de parlamentarios opositores en la Asamblea Nacional (AN), así lo dio a conocer el máximo ente judicial de ese país suramericano.
Desacato de la AN obliga presentar presupuesto nacional ante el TSJ (Sentencia) https://t.co/1w44TjGKwu
— TSJ Venezuela (@TSJ_Venezuela) 12 de octubre de 2016
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“Frente a la imperiosa necesidad de cumplir una fase del proceso de formación jurídica del presupuesto nacional, ante el deber de honrar los postulados de separación y equilibrio entre los poderes que conforman el Poder Público y con el propósito de mantener el funcionamiento del Estado, la garantía de los derechos fundamentales y el orden constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró que el presupuesto nacional deberá ser presentado por el Presidente de la República ante la Sala Constitucional, bajo la forma normativa de Decreto que tendrá Rango y Fuerza de Ley”, señala el comunicado.
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Asimismo, la normativa dispone que el decreto de presupuesto de la nación estará sujeto al control de la Sala Constitucional del TSJ.
Según los analistas la oposición venezolana se ha concentrado en enturbiar el panorama político de la nación a través de la violencia y el caos, idea que es impulsada desde Estados Unidos. Sobre el desacato del parlamento y las leyes impulsadas por la derecha, indican que ninguna plantea una solución a los problemas económicos del país.
En contexto
El pasado 03 de octubre, el Jefe de Estado venezolano envió un documento al TSJ para consultar sobre la aprobación del Presupuesto Nacional del año 2017 sin ser sometido a la discusión de la AN, ya que las acciones y decisiones del parlamento son nulas, esto de acuerdo a una sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia.
La decisión del TSJ se fundamentó en el desacato que voluntariamente mantiene un grupo de diputados que actualmente integran la Asamblea Nacional, respecto de sentencias del TSJ y de la Constitución, así como también en el Estado de Excepción y Emergencia Económica, declarado constitucional por la Sala el 21 de septiembre de 2016.
