La gestión de inversiones del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en el abastecimiento de agua potable y el saneamiento de aguas residuales no ha sido eficaz ni eficiente, afirma un informe de fiscalización de la Controlaría General de la República (CGR). Debido a esas deficiencias, no ha logrado atender las necesidades públicas pese a tener planes de inversión vigentes por más de ¢801.000 millones.
De acuerdo con el documento dado a conocer este 18 de abril, el Instituto registra atrasos en la finalización del 57% de los proyectos que debían concluirse en enero 2024, situación que afecta a 2,8 millones de personas en todo el país.
El informe DFOE-SOS-IAD-00003-2024 también halló que únicamente 1,6% de los distritos con mayor condición de vulnerabilidad del país tienen inversiones programadas en saneamiento y solo 16,7% en agua potable. Para llegar a esta conclusión se utilizó el Índice de Desarrollo Social del 2023.
Por otra parte, solo 41,6% de distritos identificados como más vulnerables, según el Índice de Vulnerabilidad Comunitaria al Agua Potable del AyA (publicado en 2021) están asociados a las principales inversiones en el portafolio del Instituto.
Según el documento “eso muestra una deficiente atención de las comunidades más vulnerables del territorio nacional”.
Las afectaciones más importantes que detectó la Contraloría están en la construcción de alcantarillados sanitarios y eliminación del déficit actual de agua potable.
El informe califica de “incipiente” el portafolio de inversiones actual lo cual dificulta la resolución de problemáticas apremiantes, dice el documento, las cuales permitirían atender problemas como desigualdad en el acceso a servicios de agua potable y saneamiento y hasta conflictos sociales por el uso del agua, entre otros.
¿A qué se debe esto? Según el informe, hay deficiencias en el manejo de la información que luego afectan la administración del tiempo, costo y alcance de las inversiones.
“Se encontraron discrepancias importantes en datos registrados para proyectos de tres y hasta 6 años; y las diferencias totales en los costos reales reportados ascendieron a ¢103.000 millones para agua potable y ¢137.000 millones para saneamiento”, cita el documento.
(*) Noticia en desarrollo.
