Actualizado el 23 de mayo de 2017 a las 01:29 pm
Mandatario asegura que se trata de la única vía «hacia la paz».
Caracas
El presidente Nicolás Maduro activó este martes su proyecto de una Asamblea Constituyente «popular» en Venezuela, que según sus críticos le asegurará al chavismo una participación mayoritaria para garantizar un texto «a su medida».
Al final de una multitudinaria marcha del chavismo, Maduro dispuso que la Asamblea Nacional Constituyente sesione en el Parlamento, único poder controlado por la oposición.
La «Constituyente tendrá como sede el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo», dijo el mandatario en el acto frente al Palacio Presidencial de Miraflores.
Sin embargo, justamente es allí donde sesiona la Asamblea Nacional, dominada por la oposición desde el 2016 luego de ganar las elecciones legislativas de diciembre del 2015.
El mandatario asegura que la Constituyente es la única vía «hacia la paz», tras 53 días de violentas protestas que dejan 53 muertos y un millar de heridos.
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«Basta de fascismo», señaló Maduro. «El dilema está claro: «constituyente o guarimba (protesta violenta); votos o balas», subrayó.
Las bases contemplan la elección de 540 asambleístas, una parte (364) por votación por municipios y 176 a ser escogidos en ocho sectores de la sociedad, entre ellos trabajadores, indígenas o campesinos, lo que busca favorecer al Gobierno, según los críticos del proyecto.
Será el Consejo Nacional Electoral (CNE), al que la oposición acusa de servir al gobierno, el que calificará a los sectores que pueden postularse para la elección.
Los analistas y la oposición advierten sobre una «elección a medida». «Ellos van a decidir qué sector vota, por quién vota, y cuándo elije. (…) Lo que propone Maduro es que él va a determinar quién es quién, quién es trabajador, obrero, empresario», se quejó Julio Borges, presidente del Parlamento.
Según Eugenio Martínez, experto en temas electorales, esto no es más que «un proceso diseñado para que el voto chavista valga (o escoja) más que el opositor».
La «marcha por la paz» del chavismo se produce al día siguiente de violentas protestas opositoras, que acabaron en disturbios y enfrentamientos, especialmente en el estado Barinas (oeste), cuna del fallecido expresidente Hugo Chávez.
La Fiscalía anunció la muerte de cinco jóvenes en ese estado, elevando a 53 los muertos en 53 días de protestas.
El chavismo y la oposición se acusan mutuamente de la creciente ola de violencia desatada por «encapuchados» durante las protestas contra el gobierno. Cada vez son más frecuentes también las escenas de saqueos y actos vandálicos después de las manifestaciones.
El sábado, estos actos provocaron horror en todo el mundo tras la difusión de imágenes de un joven de 21 años al que le arrojan gasolina para quemarlo, tras una masiva protesta de la oposición en Caracas.
Maduro dijo que había sido quemado por «ser chavista». No obstante, un vocero opositor expresó que el hecho se produjo cuando el hombre intentaba robar.
Lo cierto es que los linchamientos de delincuentes, en un país con una tasa de homicidios ocho veces mayor a la media mundial, han crecido exponencialmente y son frecuentes en todos los barrios.
El gobierno acusa a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de «actos de terrorismo» para desencadenar un golpe de Estado.
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En los últimos días, Maduro ha denunciado una «corriente nazi-fascista» que -sostiene- crece en la oposición. Según él, los chavistas son «los judíos del Siglo XXI».
La oposición, que exige elecciones generales, acusa al gobierno de «represión» contra manifestantes a punta de bombas lacrimógenas, balas de goma e –incluso– armas de fuego, para dispersar y disuadirlos de manifestar.
La Constituyente también ha generado fisuras en el oficialismo e incluso fue rechazada por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, confesa chavista.
La oposición no está dispuesta a retroceder. «El miércoles volvemos a la calle. ¿Esto va a continuar? Sí, esto va a continuar por los caídos», subrayó el diputado opositor José Manuel Olivares.
Las brutales protestas ocurren en medio de una severa crisis económica, con una desbocada inflación –estimada en 720% por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2017– y una escasez crónica de alimentos básicos y medicinas.
Todo esto golpea la popularidad de Maduro, cuya gestión rechazan siete de cada diez venezolanos, según encuestas privadas.
