El irrespeto a la regla fiscal alegado por el presidente Rodrigo Chaves sería razón de sobra para condenar la imprudencia de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) al aprobar un aumento salarial retroactivo para su enorme planilla. No obstante, hay motivos de mayor peso para sustentar la condena.
Siete de los nueve directores avalaron aumentar entre ¢7.500 y ¢8.500 mensuales la base salarial de más de 63.000 funcionarios. Según el gerente financiero, Gustavo Picado, la decisión costará ¢10.000 millones anuales si se toma en cuenta el efecto del alza sobre los pluses.
Los siete directores fueron nombrados para velar por la institución y sus delicadas funciones. A todos les advirtió la Dirección Actuarial de la Caja que la aprobación del aumento, retroactivo a enero del 2020, “acentuaría negativamente la magnitud de los déficits del Seguro Social”. Todos ignoraron la advertencia.
Más allá del incumplimiento de la regla fiscal, la decisión debe ser criticada por irresponsable y lesiva para una entidad tan indispensable. Si la regla fiscal no existiera, o si no le fuera aplicable a la Caja, la decisión de “acentuar negativamente la magnitud de los déficits del Seguro Social” sería igualmente inadmisible.
En medio de la polémica por el aumento salarial, hay quienes ponen en duda la aplicación a la CCSS de la regla establecida para limitar el gasto público. Esa discusión debería ser secundaria. Lo importante no es esclarecer si la Junta Directiva puede, sino si debe añadir un nuevo elemento a las dificultades financieras de la institución.
El régimen de enfermedad y maternidad está encaminado hacia una crisis similar a la del 2012, y los directivos deben evitarla, no precipitarla. Nada los obligaba a tomar la decisión de aumentar los salarios, y es probable que más bien la tuvieran prohibida por la regla fiscal. Las explicaciones dadas a posteriori ni siquiera se aproximan a una justificación.
Entre los argumentos más rebuscados se esgrimen los sacrificios de los trabajadores de la salud a lo largo de la pandemia de covid-19. El mérito es innegable y el agradecimiento, imperecedero. No obstante, vale la pena preguntar cuántos de los 63.000 funcionarios estuvieron en primera línea. A ellos, los que enfrentaron los riesgos, probablemente no les convenga un aumento generalizado capaz de desestabilizar a la institución donde trabajan con tanta abnegación. La Directiva debería saberlo.
Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.
