Fuente: Cortesía
Las vituperadas calificadoras son entidades que buscan proporcionar una guía acerca de la posibilidad de pago de los emisores. Son útiles tanto para los inversionistas para darse una idea de la posibilidad de pago, ver a que precio están dispuestos a invertir y por consiguiente para el emisor es ver si es conveniente emitir deuda o no.
Su metodología ha sido aplicada consistentemente y si cada emisor opinara que metodología le parece mejor, entonces no serían comparables entre si las calificaciones y no cumplirían su propósito.
Las calificaciones van desde AAA hasta D, pasando por AA, A y BBB. Desde AA hasta BBB se tienen ponderadores adicionales: + ó -, es decir, hay BBB+, BBB y BBB-. Entre las calificadoras varía un poco la nomenclatura, pero nos podemos quedar con la mencionada, que corresponde a Standard and Poor’s. La calificación AAA no tiene ponderadores de + o -.
Desde AAA hasta BBB se considera grado de inversión, lo que implica que los inversionistas institucionales pueden invertir en ella. Los inversionistas institucionales son los fondos de pensión, sociedades de inversión, aseguradoras, etc. que son quienes juntan los recursos de cientos de ahorradores de pocos recursos e invierten por cuenta de ellos.
Debajo de BBB, se le conoce como deuda de alto rendimiento o especulativa, hasta llegar a los famosos bonos chatarra: hay que recordar que, a mayor rendimiento, mayor riesgo.
¿Qué características analiza una calificadora para un país? Veamos algunas de las preguntas: ¿Cuenta con instituciones políticas estables, transparentes y que hagan frente a sus responsabilidades? ¿El gobierno central tiene flexibilidad para hacer frente a cambios en las circunstancias políticas y económicas? ¿La economía es prospera y esta diversificada? ¿El sector público es eficiente y tiene políticas fiscales contra-cíclicas, déficits reducidos y su deuda es mayoritariamente interna? Quizá en la manifestación en Tijuana está una de las razones del porque la baja en calificación.
Fitch Ratings en 1995 calificó la deuda mexicana con BB, manteniéndose hasta el 2000, cuando se dio el “upgrade” a BB+; en 2002 se subió a BBB-, -grado de inversión- y posteriormente a BBB en 2005. Se llegó a tener calificación BBB+, a partir de 2007. Moody’s nos otorgó el grado A3 en febrero de 2014 y Standard and Poor’s nos calificó con BBB- en 2002.
Fitch nos acaba de bajar un escalón a BBB. Su nota de prensa indica que: “La baja calificación de México refleja una combinación del mayor riesgo para las finanzas públicas debido al deterioro del perfil crediticio de Pemex, junto con la debilidad en la perspectiva macroeconómica agravada por las amenazas externas de las tensiones comerciales, cierta incertidumbre de la política interna y las constantes restricciones fiscales”.
En 1996 México emitió un bono con vencimiento en 2026 con un cupón (costo de la tasa de interés a pagar) de 11.5 por ciento. Como la economía ha ido por buen camino -contrario a los dramas que se escuchan en tiempos de campaña-, la última cotización es de 5.68 por ciento, es decir, si México emitiera nueva deuda para pagar ese bono, sería en niveles de menos de la mitad de la tasa original.
Mal y de malas para Pemex: “Fitch Ratings bajó las calificaciones de largo plazo en moneda extranjera y moneda local en escala internacional a ‘BB+’ desde ‘BBB-’; la perspectiva de las calificaciones es Negativa y aplica para sus emisiones de deuda por un monto de alrededor de 80 mil millones de dólares. Aunque PEMEX ha implementado algunas medidas de recorte de costos y el gobierno mexicano le ha otorgado reducciones en impuestos, la compañía continúa sin invertir lo suficiente en su negocio de exploración y producción, lo que puede llevar a una disminución en la producción y las reservas.
El monto alto de transferencias de PEMEX al gobierno mexicano sigue presionando la generación de flujo de la compañía y su capacidad para reinvertir” Cuando un bono baja de grado de inversión a grado especulativo, se dice que es un ángel caído.
A la gente le conviene que se paguen menores tasas de interés para que los recursos se destinen a programas sociales, medicinas, etc. en vez de dedicarlos al servicio de la deuda.
El autor es Doctor en Finanzas por la Universidad de Tulane; cuenta con la Maestría en Alta Dirección de Empresas, en el IPADE. Se desempeñó como Director General de entidades del área Internacional en Santander Serfin. Es Director del programa OneMBA.
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